"La Conducta Empresarial Responsable establece la expectativa de que todas las empresas
aborden los impactos de sus operaciones sobre los derechos humanos y derechos
fundamentales del trabajo, mientras contribuyen al desarrollo sostenible en los países donde operan", destaca Jaime Godoy, Coordinador Nacional para Chile, Argentina y Brasil del Proyecto CERALC/OIT.
Opinión | 19 de enero de 2023
Por Jaime Godoy, Coordinador Nacional para Chile, Argentina y Brasil, Proyecto CERALC/OIT
En dependencias de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile se realizó, el
pasado 10 de enero, el lanzamiento del Primer Diagnóstico sobre el nivel de implementación de los
Principios Rectores de Naciones Unidas (PRNU) sobre Empresas y Derechos Humanos, y de los
Derechos Fundamentales del Trabajo. El estudio fue realizado por el Programa de Sostenibilidad
Corporativa , en colaboración con la World Benchmarking Alliance (WBA) que facilitó la metodología e
indicadores (Corporate Human Rights Benchmark) utilizados en la medición, basados en la información
pública disponible de las empresas analizadas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acompañó esta iniciativa en el marco del Proyecto de
Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe , que se implementa en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, con el financiamiento de la Unión Europea. La Conducta
Empresarial Responsable establece la expectativa de que todas las empresas aborden los impactos de
sus operaciones sobre los derechos humanos y derechos fundamentales del trabajo, mientras
contribuyen al desarrollo sostenible en los países donde operan.
La protección de los derechos en el trabajo es así parte integral del cumplimiento de las obligaciones en
materia de derechos humanos. En tal sentido, la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo de 1998, considera cinco principios fundamentales que deben ser
respetados por los países por el hecho de ser miembros de la OIT y aun cuando no hayan ratificado los
Convenios pertinentes. Estos son: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación; y un entorno de trabajo seguro y saludable (añadido en 2022).
INTERESA TAMBIÉN
América Latina
OIT y la Unión Europea continuarán promoviendo el trabajo decente a través de la
conducta empresarial responsable.
Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) renueva
su mandato con el apoyo de la Unión Europea.
Noticia | 13 de enero de 2023
Lima – Luego de cuatro años de implementación inicial (2019-2022), el proyecto Conducta
Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC) extiende sus actividades con
la contribución del Departamento de Alianzas Internacionales de la Unión Europea (INTPA, por
sus siglas en inglés). Durante el 2023 el proyecto pasará por un período de transición con el fin
de preparar el terreno para una segunda fase.
Las organizaciones implementadoras: OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), continuarán consolidando los resultados hasta ahora alcanzados, rastreando los impactos y
buscando expandir y escalar los compromisos, políticas y buenas prácticas existentes.
Al mismo tiempo, y en vista de los desarrollos regulatorios recientes y futuros de la debida diligencia en
la Unión Europea, las actividades bajo el proyecto de transición también buscarán alinearse con estas
iniciativas, teniendo en cuenta que en los próximos años el proyecto serviría como medida de
acompañamiento al impacto de estos desarrollos regulatorios en la región.
En este contexto, el objetivo general de esta fase transitoria se alineará en gran medida con los logros
anteriores y apuntará a contribuir a la promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo
en la UE y América Latina y el Caribe.
Objetivos
Sobre la base de la experiencia de la primera fase, pero teniendo en cuenta el surgimiento de
desarrollos regulatorios de debida diligencia social y ambiental y la evolución de las prioridades de la UE,
las organizaciones llevarán a cabo esfuerzos con el fin de: