Conservando privilegios: miradas que permanecen sobre la legislación
laboral. 22 de julio de 2021 · Escribe Ludmila Katzenstein en Posturas ,
La Diaria (Uruguay)
Marzo de 2020 trajo varios cambios en la vida de uruguayas y uruguayos. La asunción del
Partido Nacional con el apoyo de una coalición y la llegada de la pandemia fueron dos hechos
que marcaron la agenda política, económica y social. El mundo del trabajo fue, entre otros,
protagonista de esta nueva etapa. El gobierno que asumió trajo al poder una vieja alianza
política que integra a los sectores conservadores de nuestro país. Como siempre, la ideología
está presente y en general cuando se niega este hecho es porque nos encontramos frente a
planteos de derecha. Con ellos volvieron discusiones sobre el trabajo y se profundizó una
situación de desigualdad. La clase trabajadora vive una profunda crisis mientras los grandes
capitales se benefician de la situación.
Estos discursos y las políticas que defienden tienen antecedentes claros que es interesante
rastrear para comprender mejor el presente. Para ello viajaremos a principios del siglo XX,
cuando las alianzas políticas que hoy gobiernan y los argumentos antipopulares que hoy se
presentan tuvieron su origen. Parece fundamental bucear en el mundo de los que más tienen
para entender el problema de la distribución de la riqueza.
Hacia fines del siglo XIX y principios del XX en Uruguay y en todo el mundo la industrialización,
la desigualdad, la crisis social y las condiciones de vida de los trabajadores se tornaron
preocupaciones tanto para las clases dominantes como para las proletarias. Se observa el
choque entre la lucha obrera por la mejora de su situación laboral y de vida en general con los
intereses de las patronales por engordar sus ganancias. Los sectores industriales fueron el gran
enemigo del proletariado industrial, que luchó con firmeza por conquistar derechos con
mucho sacrificio, los cuales parcialmente se fueron alcanzando. Por su parte, la clase política
estaba dividida, pero todos hablaban de la “cuestión social” y evitaban la problemática de la
distribución desigual de la riqueza.
El batllismo tomó esta bandera, aunque por momentos silenció la lucha obrera. Mientras
tanto, concedía privilegios a los industriales, que junto a los productores rurales y la iglesia
formaban la clase conservadora. Estos sectores a su vez coincidían con la derecha política,
negaban la crisis social y toda posibilidad de avanzar en los derechos laborales. Profundizar en
estos grupos aclara el mapa político y económico a lo largo de la historia, y por esto es
importante el estudio de las clases altas uruguayas y su relación con el poder.
Las ocho horas
En 1906, José Batlle y Ordóñez presentó la Ley de Ocho Horas. Las razones y antecedentes de
movilizaciones obreras en el marco de la crisis fueron las que llevaron a que la “cuestión” fuera
tomada en cuenta por la clase política, seguramente para evitar un levantamiento social. Los
alcances de estas legislaciones fueron el medio urbano e industrial. Las exclusiones fueron el
medio rural y las trabajadoras domésticas. Durante varios años el proyecto se pausó y
modificó.
Mientras tanto, la Comisión de Trabajo y los industriales presentaron sus opiniones. En 1911 se
conoció el segundo proyecto. La nueva norma tomaba en cuenta las observaciones realizadas.
El texto fue firmado también por Pedro Manini Ríos, dato interesante ya que en 1913 Manini
se alejaba del reformismo al crear el “riverismo”. En 1917 se fundaba La Mañana, medio
profundamente conservador. En perspectiva histórica, es trascendente ese inicio del riverismo
que luego sería aliado del herrerismo y de la iglesia, en contra de las posturas reformistas. Esta
alianza se volvió a observar en la historia, y hoy vuelve con la fundación de Cabildo Abierto y la
reapertura del semanario La Mañana. Ambos siguen bajo la dirección de la misma familia, y
también en alianza con el herrerismo que vuelve al gobierno.
En 1913 se aprobó el proyecto en la Cámara de Representantes y se eliminaba todo lo
referente a derechos de las mujeres, menores y día libre cada seis jornales. Recién en 1915 se
aprobaba la Ley de Ocho Horas con todas sus modificaciones y en 1916 se aprobaba
considerando “[…] las exposiciones presentadas por diversos gremios representativos de
industrias, comercio, banca, etcétera”. Tuvo algunos votos en contra, entre los que se
encontraban el de Alejandro Gallinal, representante del nacionalismo, y el de los colorados
riveristas, con Manini Ríos a la cabeza.
Resistencias: el “informe Rodó” y los industriales
En 1908 se presentó el informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes,
conocido como “Informe Rodó” por haber sido de autoría principal del diputado y escritor José
Enrique Rodó, colorado antibatllista y conservador. En 1908 y 1911 la Unión Industrial
Uruguaya (UIU), que integraba industriales y comerciantes, hizo dos encuestas a sus
integrantes sobre la novedosa legislación. La segunda se llevó a cabo a sólo tres meses de la
huelga general, un hecho inédito en el país. Se ignoraba en la letra escrita lo que era evidente
en los establecimientos industriales. Llaman la atención las similitudes de los discursos de
estos sectores a lo largo del tiempo, hasta el presente. Las críticas contenidas en el informe y
en las encuestas se pueden resumir en los siguientes aspectos:
Contra las ocho horas. La UIU llegó a afirmar que la jornada de 12 horas era “admitida por los
obreros sin dificultad alguna”. O que la de las diez horas “sería el horario mejor, tanto para el
obrero como para el patrón, y más para el primero que para el segundo”. También se afirmaba
que “el elemento obrero es en general tratado con toda clase de consideraciones por parte de
los patrones”. Por su parte, el informe Rodó indicaba que las “ocho horas es una conquista ya
alcanzada en muchas de las industrias […] por libre acuerdo entre obreros y patrones. […] han
obtenido, por su propia gestión ó por espontánea concesión del industrial”. Son afirmaciones
que no concuerdan con la realidad. Ambos sectores concluían con una advertencia terminal:
todo eso llevaría a la rebaja salarial y al aumento de los precios al consumidor. Para la UIU, “el
perjudicado en último término sería el que se quiere proteger” y “no habrá por qué pagarles
los jornales estupendos que ganan hoy”.
La libertad individual. Una vez más, la libertad, hoy llamada “libertad responsable”, refiere al
liberalismo e individualismo que los conservadores pregonaban. Se planteaba que la
legislación cortaba la libertad individual; así, lo que podría transformarse en derecho se
confundía con libertad. Cada uno decide qué hacer y el Estado no tiene ninguna obligación de
dar los derechos que esa libertad otorga. Este tema se repite a lo largo del informe Rodó y de
las dos encuestas a los industriales de manera obsesiva. Un falso libre albedrío por el cual cada
uno es dueño de su destino. ¿Era una decisión en 1900 cuántas horas trabajar si con ocho no
se llegaba a llevar el pan a la mesa? ¿Todos podemos quedarnos en casa hoy y no ir a trabajar
como se “exhorta” desde el gobierno?
Por el trabajo infantil. Coincidían en que la protección a menores llevaría a perder un ingreso
en los hogares más pobres. Para los industriales “es recargar los gastos de una familia con una
ó dos bocas más, que ganando hoy en trabajos livianos (imposibles de dar á un mayor)”. Otros
no tenían tabú en reconocer que precisaban “mano liviana y dedos chicos, imposible por su
sencillez á los mayores”. También se apeló al papel disciplinador del trabajo: “Será aumentar el
número de los holgazanes”. Y se preguntaban: “¿No es preferible que vayan adquiriendo
hábitos de trabajo ayudando al sostén de sus familias con sus sueldos […] á vérseles errar por
las calles, vendedores de periódicos, de números de lotería, pendencieros, mal educados,
convertidos en verdaderos Garroches? Puedo afirmar que los padres opinan lo primero”.
No se pagaría el día libre. Se daría el día libre pero no se pagaría. El informe Rodó afirmaba que
“esta disminución de beneficios será aceptada sin hesitar por la gran mayoría de los obreros, á
cambio de poder satisfacer periódicamente una necesidad de libertad y expansión que radica
en los más elementales instintos de la naturaleza humana”.
Disciplinamiento. Para los industriales la reducción de la jornada llevaría a los trabajadores a
caer en “vicios, tabernas y desórdenes y no ha mejorado en nada su suerte, antes la ha
empeorado”. Parece que las clases altas no corrían el peligro de caer en esos excesos que se
curaban con trabajo mal pago. Hoy también pareciera que para los gobernantes, pobre es el
que no quiere trabajar: el viejo tema individualista del mérito.
Miedo a la revolución. Según la UIU, “serán pocos los legisladores que defiendan las industrias,
temerosos de echarse encima la odiosidad de las clases obreras. No dudamos que al obrero
hay que mejorarlo, tiene derecho á ello, más bien dicho es un deber, pero no olvidemos lo que
decía aquel ministro francés, ‘cuidado con las tiranías de la calle’, refiriéndose á los obreros, ¡y
esta ley no es otra cosa que una puerta más que se abre á las tiranías de la calle! Y si no ahí
está la ley que aún no está discutida”.
Defensa del capital industrial. Las leyes laborales perjudicarían al capital industrial y el informe
Rodó afirmaba que “representa un espíritu de iniciativa y de empresa que concurre al fomento
de los intereses generales, afrontando más de una vez la contingencia de la ruina”. Los “malla
oro” también tienen su historia.
Con el avance tecnológico pareciera que ya es tiempo de discutir nuevamente las
condiciones laborales. Sin embargo, el desempleo y la pérdida de salarios son el camino
elegido.
La Ley de Ocho Horas fue un gran avance en materia de derechos laborales, aunque era sólo
un paliativo. Es un hecho que la lucha obrera precedió a la legislación. La idea de freno a la
revolución pudo ser una razón más para legislar. La organización del movimiento obrero, la
fundación de la Federación Obrera Regional Uruguaya, la conquista de las ocho horas por
algunos gremios y la fuerza de la huelga general así lo hacen pensar. El estudio del proceso que
llevó a la reglamentación final de 1916 permite ver quiénes finalmente se vieron incluidos y
excluidos en la normativa. Este análisis permite conocer los límites del reformismo batllista.
Las domésticas y la situación de niños y mujeres industriales, que en un principio eran
considerados, más tarde fueron olvidados. El pobrerío rural nunca fue un problema a resolver,
y no puede pensarse que los propietarios rurales no tuvieran influencia en el poder.
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