VISTO Y LEÍDO

Dos demandas presionan al sector del café en Brasil a luchar contra el trabajo “análogo a la
esclavitud” y revelar sus cadenas de suministro. Por Ana Puentes, En Diario El País, España. 24.04.25

“La firma de abogados IRAdvocates demanda a Starbucks por tráfico de personas en las
plantaciones de café de Brasil y la ONG Coffee Watch exige a la Aduana de Estados Unidos que
detenga las importaciones de grandes marcas por presuntos casos de trabajo forzado
Los hermanos Rodrigues denuncian que han caído tres veces en las redes de tráfico y trabajo
forzoso en fincas de café de Minas Gerais, en el sur de Brasil. Aunque llevaban años trabajando
en las temporadas de recolección, en 2022, 2023 y 2024 se enfrentaron a trabajar bajo
sistemas de deuda, es decir, aquello en los que el empleador apunta como deuda el coste de
transporte hacia la finca, la comida que se consume y hasta las herramientas de trabajo. Estos
dos trabajadores también recibieron bajos salarios, durmieron en alojamientos en malas
condiciones y sufrieron malos tratos. No fue mala suerte. Los hermanos cayeron en una
práctica de explotación que se investiga desde 1995 en Brasil, país que produce el 39% del café
que se consume en el mundo. La esclavitud moderna tampoco es una rareza en un país en el
que 3.700 personas han sido víctimas de “prácticas análogas a la esclavitud” en plantaciones
de café entre 1996 y 2023, de acuerdo con los datos de la Inspección del Trabajo en Brasil.
Este relato ha sido obtenido directamente en Brasil por el abogado Terrence Collingsworth, de
la firma International Rights Advocates (IRAdvocates), dedicada a casos de explotación y
esclavitud moderna. Lo particular, asegura Collingsworth, en conversación con EL PAÍS, es que
estas fincas formarían parte de la cadena de suministro de Starbucks. Una de ellas, Fazenda
Piedade, incluso, tenía la certificación C.A.F.E., un estatus que les da la multinacional a
aquellas fincas que producen café de forma sostenible y ética, con todas las garantías laborales
para sus trabajadores. El abogado respalda su afirmación con datos entregados por la
organización Empleados Rurales del Estado de Minas Gerais, más conocida como Adere,
reconocida por investigar y denunciar casos de trabajo forzado en plantaciones de café en el
sur de Brasil.
Este señalamiento directo, el testimonio de los hermanos Rodrigues ―apellido ficticio para
proteger su identidad―, y el de otras seis personas que trabajaron en siete fincas ubicadas en
Minas Gerais, está recogido en una demanda contra Starbucks que presenta IRAdvocates este
jueves. Collingsworth, que lleva el caso, acusa a la multinacional estadounidense de un
presunto caso de trata de personas y trabajos forzados en la producción de café en Brasil.

Starbucks, consultada por EL PAÍS, niega que, actualmente, compre café a algunas de estas
fincas.
Este diario ha preguntado a la multinacional por el estatus de las siete fincas mencionadas en
la demanda. Con la información disponible, Starbucks ha podido verificar su relación con cinco
de ellas. De estas, ha respondido que una no tiene historial como proveedor. Ha señalado,
además, que otra de las fincas, Fazenda Piedade, recuperó su certificación C.A.F.E. y que opera
como proveedor de café a la compañía. “La finca ha demostrado mejoras
específicas relacionadas con las denuncias anteriores”, asegura Starbucks a este diario y cita
dos verificaciones hechas en 2023 y 2024. Con respecto a las otras tres fincas restantes de las
cinco que pudo verificar, la compañía ha reportado que les expiró su certificación C.A.F.E. y,
por tanto, ya no se les compra producto. Con respecto a las dos fincas faltantes, Starbucks ha
manifestado su voluntad de verificar su relación una vez se le provea la información suficiente.
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Portada : Imagen aérea de archivo de una finca cafetera en Pedregulho, São Paulo.The Washington Post
(The Washington Post via Getty Images)

Revista Labos (Vol.1-2025), editorial Las relaciones laborales ante las emergencias climáticas.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-Ley 8/2024 En Foro de
Labos, Abril 2025.

“Fieles al calendario, se acaba de publicar el número 1 de la Revista Labos que presentamos a
través de esta entrada, animando a su lectura a todos nuestros suscriptores. El número
empieza con un pertinente editorial titulado Las relaciones laborales ante las emergencias
climá ticas. La reforma del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-Ley 8/2024,
elaborado por el profesor José María Goerlich Peset. Iniciamos una nueva sección, «Firma
invitada», con la contribución de la profesora María Emilia Casas analizando La Ley Orgánica
1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y
sus efectos en la jurisdicción social.

En la sección «Artículos doctrinales», cinco trabajos de temas muy diversos. El primero de ellos
elaborado por la Catedrática Olga Fotinopoulou, de la Universidad del País Vasco, Algunas
reflexiones en torno al impacto del RD 550/2020 sobre la actividad laboral del “homo
aquaticus professionalis”. Después, El laberinto empresarial de los protocolos de acoso, de
Juan Antonio Altés Tárrega, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia.
Desde la Universidad Pompeu Fabra, el trabajo «La indefinición del contrato de trabajo
temporal por incumplimiento de los requisitos legales para su válida celebración«, de
Francisco Andrés Valle Muñoz.

Con una clara vocación interdisciplinar, el trabajo de la investigadora de la Universidad
Complutense de Madrid, Ana Belén Valverde Cano sobre La prohibición de la esclavitud y otras
prácticas análogas en el sistema europeo de derechos humanos. Evolución y preguntas sin
respuesta. Un análisis de la LOSU en el trabajo «El contrato predoctoralcuestiones conflictivas
y retos pendientes desde la última reforma«, de Víctor Maneiro Hervella, y cierra la sección el
trabajo » Digitalización en el trabajo, nuevos retos en el Derecho Italiano del Trabajo»,
de Stefano Bellomo, Dario Calderara, Antonella Gravinese,  Carla Spinelli 183-207

En la sección «Artículos jurisprudenciales», tres magníficas contribuciones: La odisea de las
cláusulas de mantenimiento y mejora de derechos laborales salariales en los contratos del
sector público, de José Miguel Sánchez Ocaña, y El derecho de adaptación de la jornada y la
forma de prestación del artículo 34.8 ET cuando el sujeto causante es un hijo o hija mayor de
12 años, de Paula López Aguado, ambos profesores de la Universidad de Valencia. Y un
interesantísimo análisis de La doctrina del vínculo y la deducibilidad fiscal de la retribución
pagada al administrador social. Evolución de la jurisprudencia de la Sala Tercera sobre la
cuestión, por Gloria Marín Benítez, Uría Menéndez.Como eje de la sección de «Debates» el alcance de la perspectiva de género con cuatro excelentes contribuciones:

•  La perspectiva de género como motor del cambio hacia una sociedad más justa e
  igualitaria en el ámbito de las relaciones laborales y de la protección social de Faustino
  Cavas Martínez, Catedrático de la Universidad de Murcia,
•  La perspectiva de género en la jurisdicción social: equívocos y medias verdades. Su
  aplicabilidad a ambos sexos a cargo de la Magistrada Macarena Martínez Miranda.
•  La perspectiva de género. Notas sobre lo imposible, elaborado por el profesor Titular
  de Derecho Constitucional de la UCM, Ignacio Álvarez Rodríguez
•  De la histeria a la fibromialgia, “las enfermedades de mujeres” que repugnan al
  Derecho elaborado por la magistrada Glòria Poyatos i Matas.
  Cierra el número la reseña del libro «Nuria Ayerra Duesca. Prostitución y Derechos Laborales»
  elaborado por Susana Torrente, de la Universidad de Zaragoza.
  ENLACE

Informe de Unesco y OEI releva importancia de participación de docentes, estudiantes y familias en la toma de decisiones en educación. Artículo en La Diaria/Sistema Educativo, 23.04.2025

“El estudio regional abarca tanto las decisiones que se toman a nivel de políticas públicas como lo que
ocurre más cotidianamente en los centros educativos.
Este miércoles se presentó en Colombia el informe Liderar para la democracia, elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en conjunto con Unesco, en el marco del Informe de seguimiento de la educación en el mundo, elaborado el año pasado. Liderar para la democracia es un informe regional realizado en 17 países con foco en la presencia del “liderazgo distribuido” en la política educativa.

Según se define, el liderazgo distribuido “es un enfoque colaborativo para determinar el propósito de la educación y el aprendizaje dentro de una visión de fortalecimiento de la participación, la democracia y la justicia social”. En concreto, dicho enfoque puede aplicarse a nivel de la gobernanza en dos niveles: “En primer lugar, el poder se delega de las autoridades educativas nacionales, subnacionales o locales a los centros escolares. La autonomía escolar facilita el ejercicio de un liderazgo distribuido, aunque también puede ejercerse en sistemas centralizados. En segundo lugar, dentro de la escuela, el poder se delega del director a otros agentes de la escuela”, define.

Por su parte, el informe plantea que algunos estudios también han analizado el vínculo entre el liderazgo distribuido y los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Por ejemplo, se menciona el caso de Chile, uno de los seis países que se estudiaron más en profundidad, donde una investigación realizada en 69 escuelas mostró que “la participación en la toma de decisiones y la cooperación de los equipos de liderazgo tuvo un efecto significativo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en matemáticas”.

Del análisis regional realizado se desprende que, de los 17 países, sólo en Colombia, México y Nicaragua hay referencias explícitas al liderazgo distribuido en leyes, reglamentos o políticas. Mientras tanto, el “liderazgo participativo” se menciona explícitamente en ocho países y el “liderazgo docente” y la “gestión democrática” en cinco países.

Enseñar y vivenciar democracia
El estudio de la OEI y Unesco da cuenta de que la educación ha sido fundamental para “construir sociedades democráticas resilientes” luego de las dictaduras de finales del siglo XX en el continente. De todas formas, distintas encuestas de opinión pública “indican que el apoyo a la democracia cayó en América Latina a mediados de la década de 2010” y ello “no se ha recuperado desde entonces”.
A nivel de la educación, se indica que, en comparación con “estructuras escolares jerárquicas, que pueden desalentar la participación democrática, el liderazgo distribuido es una de las formas de aprender sobre y a través de la vida institucional democrática”. Por ejemplo, se menciona que un estudio realizado en Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana en 2016 “mostró que los estudiantes expuestos al diálogo abierto, el debate y el pensamiento crítico tenían mayores niveles de conocimiento cívico y eran más propensos a valorar la participación democrática”.

El informe presentado este miércoles se centra en buena medida en considerar lo que ocurre a nivel del liderazgo en los centros educativos, en particular con el rol de director y los equipos directivos. En ese sentido, sostiene que “se facilita el liderazgo distribuido cuando las escuelas gozan de autonomía y cuando el poder se delega del director a otros actores de la escuela”. De acuerdo a las experiencias relevadas, se concluye que en América Latina “el poder de decisión se delega principalmente en el caso de la elaboración de planes de mejora escolar”. En menor medida, también se delega “en las decisiones sobre desarrollo profesional –por ejemplo, en el caso de Uruguay–, disciplina, currículo y pedagogía. En el área donde prácticamente la toma de decisiones compartidas no existe es la de gestión del personal de los centros educativos.

Por su parte, 13 de los 17 países de la región tienen concursos abiertos para la contratación de directores de los centros educativos, aunque se marca que Brasil, Chile, Ecuador, Honduras y Perú tienen sistemas en los que los concursos abiertos conviven con nombramientos cerrados. “La contratación abierta puede atraer a candidatos externos cualificados, y los sistemas basados en el mérito pueden aumentar la legitimidad”, se afirma, y se ilustra con la situación de Brasil, donde “los directores elegidos por concurso tienen mejores características de gestión que los nombrados por equipos técnicos o políticos”.

En tanto, si bien en la mayoría de los países –las excepciones son El Salvador, Paraguay y Perú– tienen instancias específicas de formación obligatorias para los directores, sólo en Chile, Colombia y Nicaragua se incluye el liderazgo distribuido o similares entre los contenidos.
El informe también señala que los profesores con funciones directivas están bien posicionados para comprender las necesidades de otros docentes y, en ese sentido, se marca que “los profesores necesitan el apoyo de sus directores para tener éxito en sus funciones de liderazgo”. Si bien el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de 2019 marcó que 66% de los directores de escuelas primarias afirmaron haber “creado oportunidades para que los profesores colaboren entre sí en el desarrollo de nuevas prácticas en el aula”, los profesores no siempre sienten que sus puntos de vista sean valorados. Por ejemplo, en Brasil 59% de los profesores cree que puede influir en las políticas, pero sólo 7% entiende que sus opiniones son valoradas por los responsables políticos.

El liderazgo distribuido no sólo apunta a un mayor involucramiento de los docentes en la gestión escolar, sino que también apunta a que estudiantes y sus familias sean incluidos en la toma de decisiones. Al respecto, 70% de los países relevados cuentan con normas para la inclusión de los estudiantes en los consejos escolares y 83% las tienen para que los responsables adultos de los niños participen en comités de gestión escolar. No obstante, la participación no siempre se concreta de buena forma, ya que, por ejemplo, en México sólo 23% de los padres participan en las actividades escolares. En ese plano, se concluye que “los directores de escuela necesitan apoyo para utilizar más eficazmente las estructuras existentes, como los equipos de gestión escolar y los consejos estudiantiles, para la consulta y la participación”.

Recomendaciones
El informe sostiene que “las relaciones de colaboración refuerzan la gobernanza, potencian la toma de decisiones, mejoran la rendición de cuentas y promueven la inclusión”, por lo que se afirma que “es necesario fomentarlas en todos los niveles educativos”. En esa línea, se vincula al liderazgo distribuido con “la innovación pedagógica, la inclusión, la mejora educativa y, en última instancia, la transformación educativa”.Más allá de que “el concepto de liderazgo distribuido no se entiende ampliamente en América Latina”, la OEI y Unesco indican que sí “existen prácticas relevantes en la región y los gobiernos pueden basarse en ellas”.

En ese plano, el informe finaliza con algunas recomendaciones a los países para que puedan reconocer y desarrollar la importancia de este enfoque. Entre ellas está “describir claramente las funciones que deben desempeñar todos los agentes en un modelo de liderazgo distribuido en todo el sistema”. Según se aclara, ello no aplica solamente a lo que ocurre dentro de los centros educativos y opera tanto a nivel local como central.

También se marca la importancia de “dotar a los directores de escuela de suficiente autonomía, especialmente en las decisiones sobre recursos financieros y humanos”. En esa línea, se recomienda “que los criterios profesionales para el liderazgo escolar mencionen explícitamente la participación y la capacitación y se utilicen como base para la contratación, la formación y la evaluación de los directores escolares”.

Como algunas estrategias para desarrollar el enfoque del liderazgo distribuido, se destaca la importancia de desarrollar una agenda de investigación al respecto, generar acciones de desarrollo de las principales habilidades para ejercer ese tipo de liderazgo e “invertir en desarrollar la concienciación, la preparación y la voluntad de las comunidades escolares para trabajar juntas”.

Enlace al artículo en LA DIARIA.COM.UY

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POR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME:
UNESCO – Comunicado de prensa – 23.04.2025

“Liderazgo distribuido en las escuelas: clave para fortalecer la democracia en América Latina, según informe de la UNESCO y OEI
23 de abril – Bogotá. Un nuevo informe de la UNESCO y la OEI muestra que la democracia no sólo debe enseñarse en las escuelas, sino también practicarse a través de su dirección. Así lo señala el informe “Liderar para la democracia”, que pone el foco en el liderazgo distribuido en las escuelas, una forma activa de educación cívica mediante la cual los directores de escuela aprovechan la experiencia colectiva de la comunidad escolar para establecer y alcanzar objetivos compartidos.” SEGUIR LEYENDO

Foto de portada : Federico Gutiérrez (archivo).

Novedades en los convenios colectivos sobre el uso de la huella dactilar de l@s emplead@s. Ana B. Muñoz Ruiz. En Foro de Labos, 20.03.2025

“El procesamiento de los datos biométricos (huella, rostro, voz, entre otros) de los trabajadores en el
lugar de trabajo sigue siendo una cuestión de actualidad laboral. Si bien este asunto ha sido analizado
en entradas previas en las que hemos explicado las novedades jurídicas que limitan su uso por parte de
las empresas, han surgido cuestiones nuevas que nos animan a este post.

Conviene recordar que algunos de estos datos biométricos se han considerado como el “plutonio de la
IA» (Luke Stark de Microsoft Research), pues si se procesan con IA pueden producirse riesgos graves
para los derechos fundamentales de las personas empleadas (intimidad, protección de datos de carácter
personal, discriminación, entre otros). Por ejemplo, en sistemas de reconocimiento facial se pueden
tratar datos que revelan el origen racial y también se puede extraer información de salud, problemas
físicos o psicológicos como en el caso de la voz, incluso algunos sistemas de identificación mediante
huella dactilar permiten el registro de parámetros como la temperatura o la presión sanguínea. A lo que
se suman factores como que la tecnología ofertada en el mercado suele recopilar más información de la
que realmente es necesaria para la finalidad del tratamiento o con mucho más detalle.

En este punto, se han localizado algunos convenios colectivos que han regulado recientemente este
asunto. Al respecto, cabe plantearse algunos interrogantes: ¿con qué finalidad se pacta? ¿hay algunos
límites para la negociación cuando abordan esta realidad?

El primer grupo de convenios colectivos hace referencia a la biometría pero no prevé su uso como
sistema de control horario. En estos casos, si la empresa pretendiera procesar datos biométricos de los
trabajadores para el control horario, aplicaríamos el criterio general establecido por la Agencia Española
Española de Protección de Datos en noviembre de 2023. Conforme a este criterio, en la actual
normativa legal española no se contiene autorización suficientemente específica alguna para
considerar necesario el tratamiento de datos biométricos con la finalidad de un control horario de la
jornada de trabajo. Los artículos 20.3 y 34.9 del ET no constituyen una base legal para autorizar este uso
en las empresas. En definitiva, la empresa no tiene legitimación para este uso y su tratamiento
supondría un incumplimiento laboral. Como ejemplos cabe citar el XXI Convenio colectivo de la Industria Química (artículo 8) o el XXV Convenio colectivo de la Banca (artículo 80).

En segundo lugar, encontramos convenios colectivos que pactan al control biométrico como sistema de
registro horario. Ahora bien, incorporan alguna garantía (por ejemplo, el consentimiento de la persona
trabajadora). Una muestra es el artículo 11 del Convenio colectivo de la Industria, la Tecnología y los
Servicios del Sector del Metal de la provincia de Huesca, que también permite el reconocimiento facial:
«El sistema de registro de jornada será preferentemente de tipo electrónico (app móvil, fichero
electrónico, etc.). Debiendo fichar la persona trabajadora mediante huella dactilar, reconocimiento
facial, o cualquier otro medio, que garantice indubitadamente la identificación de la persona, previo consentimiento de la misma. En los casos en que esta posibilidad de registro electrónico fuera inviable,
de forma subsidiaria se firmara en soporte papel».

Sobre este tipo de cláusulas debemos recordar que la Agencia de Protección de Datos ha concluido que,
en un tratamiento de registro de jornada implementado con técnicas biométricas, el consentimiento de
la persona empleada no puede levantar la prohibición del tratamiento, ni ser una base para
determinar la licitud, al existir de forma general una situación de desequilibrio entre la persona
trabajadora y la empresa que es la responsable del tratamiento.

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¿Hacia un lenguaje inclusivo en el derecho del trabajo?
Por José Luis Gil y Gil . Catedrático de Derecho del Trabajo,

Universidad de Alcalá. En Cielo Laboral.
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Enlace a CieloLaboral

Seguridad social: próximo gobierno convocará a una sectorial y apuesta por una
“mirada integral” que incluya sistema de cuidados, infancia y discapacidad. Escribe
Lucía Barrios en La Diaria / Transición. 08.02.2025

“El objetivo es construir una estrategia más amplia de protección social que contemple
el ciclo de vida completo de las personas para lograr un sistema más equitativo y
sostenible”, dijo a la diaria el investigador y especialista Hugo Bai.

El presidente electo, Yamandú Orsi, dejó en claro que uno de los ejes de su gobierno será el
diálogo sobre la seguridad social. Es por ello que el equipo del futuro director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, trabaja a destajo para la convocatoria de
una “sectorial” que dará paso a un amplio diálogo social.

“La figura de la sectorial está establecida en la Constitución, y es un instrumento que tiene la OPP para
generar espacios de trabajo interinstitucional, incluso con actores no gubernamentales, en áreas que
requieran una mirada de estas características”, explicó a la diaria el exrector de la Universidad de la
República. “A partir de ello vamos a estructurar un equipo de trabajo en la OPP, cuyo rol va a ser diseñar
y mantener el diálogo social”, agregó.

El objetivo es que los instrumentos que se apliquen “sean consistentes y coherentes” para cubrir “la
vulnerabilidad de las personas desde el nacimiento hasta el retiro de la fuerza de trabajo”. “Lo primero
que vamos a hacer es montar los equipos que van a acompañar este proceso y, a partir del
funcionamiento de la sectorial, se va a elegir una fecha de comienzo del diálogo, algo que no debería
dilatarse mucho en el tiempo”, explicó el futuro titular de la OPP. En el diálogo social participarán todos
los actores vinculados a la materia, las asociaciones de jubilados, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y los partidos políticos en general.  SEGUIR LEYENDO

Foto: La Diaria

Uruguay : Trabajo en plataformas digitales: se aprobó proyecto de ley pero el
Parlamento no resolvió el problema de fondo. En El Observador, 07.02.2025
“La normativa establece niveles mínimos de protección para los trabajadores de estas
plataformas pero no define si el vínculo laboral es de dependencia o autonomía. IR AL
ARTÍCULO

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Noticia UNESCO – 10 de enero de 2025
URUGUAY IMPULSA UN DIÁLOGO MULTIACTOR PARA REGULAR LAS PLATAFORMAS
DIGITALES

La regulación de las grandes plataformas de Internet se posiciona como un desafío
clave y una oportunidad para Uruguay.  IR AL ARTÍCULO

Radiografía de la salud de un trabajador de plataforma. Por M.J.Carmona, en
EqualTimes, 30.01.2025

Los riesgos más comunes para la salud, tanto si los trabajadores de plataformas trabajan in
situ –como conductores o repartidores– o a través de una pantalla, son los psicosociales:
fatiga, estrés, ansiedad, depresión. Riesgos derivados, en primer lugar, de la propia
inestabilidad del trabajo y de sus bajos sueldos. (María José Carmona)
“Contratados desde el frío escaparate del clic, son el último eslabón de un negocio que ha logrado
extenderse y colonizar prácticamente todo, desde el transporte y la comida a domicilio a la limpieza del
hogar, el cuidado de niños o mayores, cualquier tipo de trabajo online.

Sea cual sea el sector, una legión más o menos visible de profesionales comparte en todo el mundo el
mismo modelo: trabajan al servicio de aplicaciones que les asignan tareas, algoritmos que las
supervisan, clientes que las evalúan. Un modelo de trabajo fragmentado que promete libertad y
flexibilidad horaria, pero que ha derivado en un sistema competitivo,  hipervigilado , precario y agotador.
Un modelo que amenaza la salud.

“El impacto en la salud es directo, sobre todo en aquellos cuyos ingresos dependen por completo de
esas plataformas digitales”, explica a Equal Times Nuria Matilla-Santander, epidemióloga especialista en
salud laboral y parte del proyecto GIG-OSH que analiza la salud de trabajadores de plataforma en varios
países de Europa. Según resultados preliminares, éstos sufren “más problemas de dolor musculo
esquelético, fatiga visual, dolores de cabeza y peor salud mental”. Los riesgos más comunes, tanto si
trabajan in situ –como conductores o repartidores– o a través de una pantalla, son los psicosociales:
fatiga, estrés, ansiedad, depresión. Riesgos derivados, en primer lugar, de la propia inestabilidad del
trabajo y de sus bajos sueldos.

“El salario es uno de los principales problemas que afectan a su salud mental y física –señala la
investigadora–. Ocho de cada diez trabajadores de plataformas ganan por debajo del umbral de
pobreza”.
Esa precariedad en un entorno de alta competencia obliga a los trabajadores a estar siempre
conectados para optar a más tareas, a alargar sus jornadas –superiores en algunos casos a las 12 horas
diarias–, a cruzar continuamente los límites entre la vida personal y laboral. “El e-precariado padece
unos riesgos amplificados a los del simple precariado”, explica Henar Álvarez, catedrática de Derecho del
Trabajo en la Universidad de León. “A la precariedad hay que sumarle un mayor estrés producido por la
necesidad de estar siempre a disposición. Todo eso genera carga mental, autoexigencia y enfermedades
como la tecnoansiedad o la tecnoadicción”.

Por otro lado, ni la flexibilidad ni la libertad resultan sencillas en un sistema donde los trabajadores
viven permanentemente bajo el control de un algoritmo. Si rechazan una tarea, si tardan más de lo
previsto, si no cumplen con las expectativas del cliente y éste lo valora peor, el algoritmo lo registra y,
de acuerdo a criterios poco claros, le puede penalizar –con peores franjas de trabajo, con menos
tareas–. Incluso le puede “desconectar”, expulsarle de la aplicación. Una presión que redunda en más
estrés, más ansiedad, más fatiga.

“Es un modelo basado en la coacción constante”, confirma Nuria Soto del colectivo español Riders X
Derechos. “Tú eres un número, no una persona”.

Entre el 1 y el 3% de la mano de obra mundial vive hoy expuesta a estos riesgos de salud; unos 28
millones de personas –según estimaciones– en Europa, que se espera lleguen a 43 millones en 2025,
cuando todavía está por decidirse cómo y quién les debe proteger.

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BID y socios se comprometen a desarrollar la economía plateada. BID, 24.01.2025

“El compromiso se asumió en Barcelona, España, en el primer Foro de Economía Plateada Europa-
América Latina y el Caribe, que reunió a más de 200 líderes mundiales, expertos en envejecimiento y
representantes de sectores clave.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y BID Lab, junto con la Fundación “la Caixa” y
otros importantes socios internacionales, se comprometieron a colaborar en una agenda de desarrollo
conjunta para abordar los desafíos y oportunidades derivados del rápido envejecimiento de las
sociedades, especialmente en América Latina y el Caribe.

El compromiso llega en un momento en que la población de América Latina y el Caribe está
envejeciendo a un ritmo mayor que el de cualquier otra región del mundo. En efecto, el porcentaje de
adultos mayores de 60 años está en camino de duplicarse con creces, del 12% al 25% para 2050. Eso
llevará a ese grupo demográfico a alcanzar los 195 millones de individuos, o una de cada cuatro
personas de la región.

A nivel mundial, la economía plateada representa alrededor de US$22 billones anuales, mientras que en
países como Argentina y Colombia genera el 40% del PIB.

Este cambio demográfico ya está marcando el comienzo de importantes desafíos y oportunidades
económicas y financieras, dado que este grupo poblacional representa el 40% del gasto de los
consumidores y una proporción creciente de los pagos de pensiones y servicios de atención médica.
El Foro, enfocado en las áreas temáticas de empleo/emprendimiento, finanzas y cuidados, fomentó el
intercambio de conocimientos de vanguardia y discusiones sobre soluciones innovadoras a los desafíos
que plantea la economía plateada. También se centró en la creación de oportunidades de negocio entre
Europa y América Latina y el Caribe.

Entre los coorganizadores del Foro se encuentran AARP International, la Universidad del Pacífico, la
Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We‑Fi), la Fundación Telefónica, el Grupo
Social ONCE, la Fundación Avina, la Sparkassenstiftung Alemana para la Cooperación Internacional y
Endeavor Uruguay.

Los socios se comprometieron a trabajar juntos en una agenda común destinada a apoyar proyectos e
iniciativas que respondan mejor a las necesidades de este grupo demográfico en crecimiento.
“América Latina y el Caribe ya es la región que envejece más rápidamente en el mundo y para finales de
este siglo tendrá el mayor porcentaje de adultos mayores de 60 años, con más del 36%”, dijo el
presidente del BID, Ilan Goldfajn. “Ahora es el momento de actuar y de trabajar juntos en una agenda y
en alianzas estratégicas, donde tanto el sector público como el privado satisfagan las necesidades de
nuestras sociedades envejecidas, creando empleos, mejorando su acceso al financiamiento y a los
servicios, y brindándoles una mejor atención”, agregó.

El director general de la Fundación "la Caixa”, Josep María Coronas, ha afirmado: “El interés
por la estabilidad financiera de las personas mayores y la dignificación de la vejez han
acompañado a la Fundación “la Caixa” desde su constitución. Este compromiso con los
mayores continúa vivo a día de hoy. Nuestro programa de Personas Mayores organiza
numerosas actividades en las que en el último año han participado más de medio millón de
adultos mayores, mejorando su bienestar y contribuyendo a un envejecimiento activo y
saludable”.

Este evento pionero reunió a más de 200 líderes mundiales, expertos en envejecimiento y
representantes de sectores clave, incluyendo gobiernos, empresas, ONG y startups, que se
enfocaron durante tres días en la economía plateada como motor de desarrollo.
Para conocer más sobre el trabajo del BID, BID Invest y BID Lab en la economía plateada,
visita nuestros podcasts y publicaciones recientes.”

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