admin_electra

En Sin Permiso
Reino de España: ¿Cabe ignorar el mandato internacional sobre la reforma de la
indemnización por despido injustificado? Escribe Antonio Baylos, 12/10/2025

“El tema de fondo proviene de la ratificación, en el 2021, por el Estado español, de la carta Social revisada y, en el 2022, del procedimiento de reclamaciones colectivas que ésta prevé y que tan solo 16 países europeos han incorporado a sus ordenamientos internos. Ambas cuestiones formaban parte del acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y se inscribían en un proceso más amplio de acomodación del ordenamiento laboral español a la legalidad internacional, que se manifestó asimismo en la ratificación de importantes convenios de la OIT, como señaladamente el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. 

La posibilidad de entablar una reclamación colectiva fue aprovechada tanto por la UGT primero como
por CCOO después, para presentar una queja en la que entendían que el sistema de protección frente al
despido injustificado o improcedente en el sistema español, basado en una indemnización tasada
calculada sobre la base de la antigüedad del trabajador en la empresa en la que además se habían
suprimido los salarios de tramitación entre el hecho del despido y la resolución judicial, no resultaba
conforme con el art. 24 de la Carta Social Europea en cuanto no podía considerarse una indemnización
adecuada, apropiada ni desde luego disuasoria. El Comité Europeo de Derechos Sociales, siguiendo una
jurisprudencia ya muy depurada ante otras reclamaciones colectivas para los supuestos italiano, francés
y finlandés, todas ellas reaccionando ante los cambios legislativos producidos como consecuencia de las
indicaciones generalizadas por la llamada “gobernanza económica” europea, estableció finalmente la
inadecuación del sistema indemnizatorio español al estar basado exclusivamente en la antigüedad de
trabajador en la empresa, junto a otras interesantes aportaciones en materia del reconocimiento de los
salarios de tramitación y otros puntos relativos a la rescisión de contratos en las administraciones
públicas.

Estas decisiones de fondo llevaban aparejada por consiguiente la necesidad de que el Estado español
procediera a modificar la norma correspondiente. Sin embargo, a nadie se le escapa que la regulación
del despido que puso en práctica la reforma del gobierno Rajoy en el 2012, constituye un elemento central en el planteamiento neoliberal de re mercantilizar el trabajo, sometido a un elemento de coste en la transacción del mercado sobre la fuerza de trabajo, despojándolo así del valor político y
democrático con el que se integra en el marco del Estado Social garantizado en la Constitución española.
En esa condición, su regulación actual aún vigente, que abarata la indemnización, refuerza el carácter
unilateral y definitivo de la decisión empresarial y reduce las posibilidades de revertirla por el control
jurisdiccional posterior, adquiere un carácter estratégico para la representación orgánica del
empresariado, sostenido trasversalmente por un arco de fuerzas políticas que van desde la ultraderecha
de Vox y la derecha españolista extrema del PP a partidos nacionalistas, regionalistas e
independentistas, a lo que suma una parte importante de lo que se denomina el área económica de los
socialistas. La representación orgánica y corporativa de las empresas españolas, incluidas las pequeñas
empresas, han establecido el perímetro de las posibles reformas del ordenamiento laboral dentro de los
contenidos que se alcanzaron en la reforma laboral de diciembre del 2021, y con el alcance de éstos, sin
que sea admisible por tanto un cambio normativo más allá de ese conjunto de aspectos, haciendo
especial hincapié en la inamovilidad de la regulación del despido individual o colectivo, este último ya
suficientemente matizado por la introducción de la regulación temporal de empleo en el RDL 32/2021.

Esta inamovilidad del marco institucional deseada por parte del empresariado llega hasta cuestionar
incluso las modificaciones posteriores de la regulación de empleo en los desarrollos reglamentarios de
los preceptos del Estatuto, y se extiende al rechazo de cualquier otra norma laboral de ampliación de
derechos de las trabajadoras y los trabajadores de este país.

Era por tanto previsible que este firme posicionamiento político del empresariado, con arraigos muy
extendidos en el espacio político conservador, tuviera una acogida en el plano doctrinal, de manera que
apenas conocida la primera decisión de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales, se publicaron
intervenciones que degradaban la competencia del mismo en la interpretación de la Carta Social y
afirmaban la inaplicabilidad de esta decisión en el ordenamiento español, cuestionando el carácter
jurisdiccional de dicho órgano, por entender que la propia Carta Socia no otorgaba potestad
jurisdiccional al CEDS [1] ,  llegando a dudar incluso de la  competencia técnica del Comité y de sus
decisiones [2] .

SEGUIR LEYENDO

Reino de España: Salud laboral. Olvidan el riesgo, ocultan el cáncer profesional y eluden su compensación. Jesús Uzkudun Illarramendi 09/10/2025

“Para la Comisión Europea y su Estrategia para la Salud y Seguridad en el Trabajo 2021-27, el cáncer es el principal causante de la mortalidad laboral en la Unión Europea. Calculan que diferentes cancerígenos laborales (amianto, sílice, polvo de madera, cromo IV, cadmio, níquel, benceno, hidrocarburos aromáticos, cloruro de vinilo, aminas aromáticas, plomo, formaldehido, humos de motores diésel, aceites minerales, humos de soldadura …) son la causa de más de 100.000 muertes anuales en la UE.

Según el Comité Económico y Social Europeo, el amianto causa 90.370 cánceres anuales.
Igualmente, la OIT estima 666.000 muertes anuales en el mundo por cáncer de origen laboral.
El INSS está empeñado en ocultar la realidad, tal vez, por exigencia de las Mutuas y de las empresas
infractoras. Así el CEPROSS, (registró de EEPP en el Reino de España), recogía en 2023, 94 cánceres
profesionales, 45 de ellos en Euskadi. En el 2024, se produjo un pequeño incremento a 106 cánceres, de
los que 45 fueron en Euskadi. En los 9 primeros meses de 2025, el CEPROSS registró 94 cánceres
profesionales, de las cuales 73 son sin baja. Cifras que se sitúan a gran distancia de las estimaciones de
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) o de los informes del Ministerio de Sanidad, que el
2015, calculó 8.700 hombres y 850 mujeres fallecidas por exposición a cancerígenos en el trabajo, así
como de las cifras europeas que, según datos aportados por CCOO, en Alemania se reconocen 6.559
cánceres profesionales, en Francia 2.118 y en Italia 1.033.

Algunos se sorprenden de que la mayoría de dichos cánceres son sin baja, olvidando el prolongado
período de latencia de estas enfermedades, pudiendo transcurrir hasta 50 años entre la exposición
laboral al cancerígeno y la expresión clínica de la enfermedad. Por lo tanto, mayoritariamente, su
aparición se produce tras la jubilación, motivando la ausencia de baja, aunque ello no es obstáculo para
tramitar la Incapacidad Permanente y mejorar la pensión, incluso, la de viudedad, tras el fallecimiento,
siempre que se reconozca el origen profesional de la enfermedad.

También es necesario diferenciar el cáncer profesional del cáncer laboral, en tanto los primeros
requieren que sea una patología incluida en el listado de EEPP y en relación con la actividad laboral
recogida en el Real Decreto 1299/2006.

Los cánceres de origen laboral, si no están recogidos en el Listado legal, requieren cambios de la
legislación. Sentencias, como la lograda por una enfermera francesa y trabajadora de noche,
relacionando el trabajo nocturno como causante del cáncer de mama que padecía, posibilita dar pasos
para ampliar el Listado de EEPP, acabando con la invisibilidad de los cánceres profesionales de las
mujeres. Por otro lado, es necesario insistir, el cáncer profesional es evitable en tanto se conoce el
riesgo y las medidas de prevención, aunque a veces requerirá sustituir el producto o realizar cambios del
proceso productivo.

Negacionismo empresarial
La afirmación de que el cáncer sea la principal causa de muerte laboral genera respuestas
“negacionistas”. Desde sectores empresariales a la judicatura, prefieren seguir culpando al tabaquismo,
aún en no fumadores, para eludir las inversiones preventivas y la responsabilidad por daños causados.
El “negacionismo” se expresa en la resistencia empresarial a evaluar el riesgo cancerígeno y adoptar
rigurosas medidas de Prevención, tratando de acallar la reclamación de futuros enfermos o que
trabajadores/as en activo, reclamen los nefastos Pluses de Toxicidad, que conllevan aceptar el daño a la
salud a cambio de un plus salarial. Por esta razón, considero importante la actividad orientada a
visualizar las enfermedades profesionales, unido a la exigencia de responsabilidad por el daño causado.
Sin dicha actividad, el “negacionismo” se impondrá, frente a la prevención de los riesgos laborales,
fortaleciendo el economicismo, vendiendo la salud a cambio de un plus salarial, se deteriorarán las
condiciones de trabajo, cerrando los ojos a la crisis climática o destrucción de la naturaleza y unos
trabajadores/as convertidos en robots, es decir, en objetos de usar y tirar.

En el Reino de España, existe un amplio consenso institucional acerca del subregistro de las
enfermedades profesionales y del cáncer profesional, en particular, entre otros motivos por la escasa
acción sindical orientada a su reconocimiento, visualización y compensación. Que no se haya reconocido
ningún cáncer de próstata como enfermedad profesional (pese a estar en el Listado), entre los miles de
trabajadores del sector de fundición, soldadura y oxicorte tras su exposición al cadmio, es un ejemplo
del desinterés por reconocer su origen profesional. Ocultación, que tampoco parece preocupar, al
Gobierno Central, Autonómicos y Autoridades sanitarias, pese a las nefastas consecuencias para la
prevención del cáncer, la pérdida de prestaciones económicas que genera a las personas enfermas y las
viudas, incluidos los costes hospitalarios que asume la sanidad pública en beneficio de las Mutuas
patronales, al ahorrarse su coste.
La asociación de víctimas del amianto

SEGUIR LEYENDO