Futuro del trabajo: La oficina como la conocemos, ¿se terminó? Video del 26.10.22
Laura Ripani del Inter-American Development Bank y a Eliana Bracciaforte, cofundadora de
Workana, en una conversación sobre si la flexibilidad laboral llegó para quedarse, y si sirve
para todos los trabajos y trabajadores en América Latina y el Caribe.
ENLACE
Quien no avisa es traidor: el empresario está obligado a promover el disfrute de las
vacaciones de sus trabajadores. Si no lo hace, el derecho a vacaciones no prescribe.
Por Jesús R. Mercader Uguina, en Foro de Labos. 06.10.22
El derecho a vacaciones anuales retribuidas tiene una importancia especial por su condición de
principio del Derecho social de la Unión y está expresamente reconocido en el artículo 31,
apartado 2, de la Carta, a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico
que a los Tratados. La STJUE 6 de noviembre de 2018, C‑569/16 y C‑570/16, Asunto Stadt
Wuppertal y Volker Willmeroth, lo vino a confirmar al establecer, en relación al art. 31.2
CDFUE ( ”Todo trabajador tiene derecho (…) a un período de vacaciones anuales retribuidas”)
que “dicha disposición es suficiente por sí sola para conferir a los trabajadores un derecho que
puede ser invocado como tal en un litigio con su empresario relativo a una situación cubierta
por el Derecho de la Unión y comprendida, por tanto, en el ámbito de aplicación de la Carta
(…)” (parágrafo 85).
TAMBIEN EN EL BLOG FORO DE LABOS PUEDE INTERESAR:
Perspectiva de género en la interpretación judicial: un paso adelante en el
reconocimiento de enfermedades profesionales en actividades feminizadas
Por Ana de la Puebla Pinilla
En diversos pronunciamientos emitidos en los últimos años, el Tribunal Supremo ha tenido
ocasión de reconocer y calificar como enfermedades profesionales distintas dolencias
padecidas por trabajadoras que desarrollaban tareas como limpiadoras, peluqueras,
gerocultoras o auxiliares domiciliarias. En estos pronunciamientos, el Tribunal consideró que, a
pesar de que tales profesiones no se incluyen expresamente en el listado de actividades que
pueden generar una enfermedad profesional, debía considerarse existente la misma a la vista
de que las tareas desarrolladas por estas trabajadoras coincidían con las que describe el RD
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
Iglesiaporeltrabajodecente.org
El viernes 7 de octubre distintas organizaciones de la Iglesia se unen, por octavo año
consecutivo, para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente bajo el lema “Sin
compromiso no hay trabajo decente”. El departamento de Pastoral del Trabajo se suma a la
celebración de esta Jornada y ha hecho público un mensaje en el que recuerda que estamos
«llamados a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes
y dignas«.
La coordinación de esta iniciativa en la Iglesia de España está impulsada por Cáritas, la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC), Justicia y Paz, la Juventud Estudiante Católica (JEC) y la Juventud Obrera Cristiana
(JOC).
En Comisiones Obreras (CCOO Madrid) – Noticias 13.09.2022
El futuro del trabajo que queremos.
· Pasos a dar ante la digitalización, algoritmos y acceso sindical.
· La transformación digital ha cambiado el trabajo diluyendo el espacio y el
· tiempo del mundo del trabajo
“La primera ponencia de la Escuela Sindical abordó “El futuro del trabajo que queremos”. Para
analizar este amplio tema Celia Domínguez Valverde, Directora de la Escuela Sindical Juan
Múñiz Zapico de CCOO, condujo el acto donde participaron Felíx Peinado Castillo, Director de
la OIT en España, y Mª Luz Rodríguez Fernández, Catedrática de Derecho del trabajo y
Seguridad Social por la UCLM.
La primera reflexión parte de la moderadora con la mención del informe que la OIT presentó en 2019,
con las recomendaciones para salir de la crisis económica y partiendo de cuatro ejes en los que se centra
el estudio: trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, la organización del trabajo y producción y la
gobernanza del trabajo.
También pidió a los ponentes que hablaran sobre sobre las tres transiciones digital, ecológica y
demográfica de cara a la transformación de la época que vivimos; planteó los cambios que los sindicatos
tienen que adelantar y afrontara ante los cambios que nos vienen; hizo mención a las plataformas, pidió
definir los elementos para la gobernanza, y expuso la necesidad del Entorno Seguro y Saludable, así
como los elementos claves, aparte de los algoritmos, para el nuevo modelo de trabajo.
FeLix Peinado Castillo: el mundo tiene la necesidad de crear 40 millones de empleo
El ponente afirma que el informe de la OIT se realiza con motivo de su centenario que en 2019 cumplió
cien años. El tema se centró en las nuevas transformaciones económicas, digitales y medioambientales,
desde las nuevas realidades que se aceleran y se superponen unas sobre otras. Se trató de ver cómo se
podía afrontar internacionalmente y ayudar a los dirigentes tripartitos de la OIT (gobiernos,
organizaciones sindicales y empresariales) a dar orientaciones, ayuda y apoyo para afrontar este reto.
Una manera de organizar las ideas, y que éstas puedan llegar al texto final de la declaración del
centenario de la OIT, donde participaron más de 100 países, fue recoger propuestas e ideas y
trasladarlas a la Comisión Mundial de Expertos, sin olvidar que el mundo tiene la necesidad de crear 40
millones de empleos para el pleno empleo.
Pasos a dar ante la digitalización, algoritmos y acceso sindical
Las orientaciones de la OIT ya están escritas en 6 ejes de trabajo, y entre ellos está el trabajo de
plataformas. En España está regulado desde el año 2020, los algoritmos, el acceso sindical a las bases
que dan pie al algoritmo, y se traslada una orientación para los estados en esta materia.
Otro punto importante es el tema de los aprendizajes, regulado por el diálogo social en España, y a nivel
internacional la puesta en marcha de una futura norma sobre aprendizajes.
“Economía gig y seguridad social en México: ¿Hacia una nueva forma de aseguramiento? por
Oliver Azuara – Catalina Rodríguez Tapia – Mauricio Mondragón. En Factor trabajo, BID.
22.07.22
“Los sistemas de seguridad social en América Latina y el Caribe se construyeron con una
suposición en mente: que cada persona llegaría a tener un empleo formal, y que este empleo
sería el vínculo de aseguramiento para el individuo y los miembros de su hogar.
Luego de casi ocho décadas de que se fundó el principal sistema de seguridad social, la
realidad es muy distinta. Más de la mitad de los trabajadores activos mexicanos son
informales, no son trabajadores fijos, y por tanto el acceso a los servicios de aseguramiento
básico son muy limitados. Esta situación es más crítica para los trabajadores independientes y
de bajos ingresos, pues en 2020 menos de 1% de estos trabajadores mexicanos cotizó para su
pensión.
Este dato nos hace pensar: ¿si los mercados laborales no encajan con el modelo de seguridad
social tradicional, pueden los sistemas de seguridad adaptarse a la realidad del mercado
laboral?
Seguridad social para la nueva economía
En lugar de pensar solamente en cómo lograr que más personas trabajen en el sector formal,
quizás es hora de pensar en formas de tener una mayor cobertura contra los riesgos que cubre
la seguridad social, pero fuera del esquema de trabajo tradicional.
Una oportunidad para ello es la economía gig o gig economy, que se ha vuelto una realidad en
el mundo laboral de hoy, y se perfila como una alternativa de generación de ingresos para
muchos trabajadores en el largo plazo.
Repasemos: ¿Qué es la gig economy?
A través de la gig economy, o economía colaborativa, prestadores de servicios pueden generar
ingresos de forma flexible, ya sea como una fuente de ingresos adicional, o como la fuente de
ingresos principal. Frente a esta forma de trabajo y una cobertura baja de la seguridad social,
particularmente entre trabajadores que están en una categoría de empleo diferente a la
tradicional, surge una discusión de política pública sobre cómo lograr que más personas
tengan aseguramiento efectivo.
Pero, ¿de qué tipo de trabajadores estamos hablando?
Una categoría común de trabajadores de la gig economy son los que encuentran una fuente de
ingresos en las plataformas de envíos a domicilio y movilidad como Beat, Uber y DiDi. En el
marco de la nueva economía, se conectan con oportunidades bajo esquemas de horario
flexible. Independientemente de si ya trabajaban con las plataformas antes de la pandemia, o
si se sumaron a esta forma de trabajo en los últimos años, generar ingresos a través de las
plataformas digitales les ha permitido mantenerse a flote y encarar la crisis económica.
El futuro del trabajo: una mirada desde América Latina. Escribe Gonzalo Zunino, en La
Diaria/Academia (Uruguay), el 25.07.2022
“Pese a que no suele incluirse en las discusiones sobre el futuro del trabajo, un riesgo
importante es que la cuarta revolución tecnológica pase relativamente desapercibida
y sin impactos positivos en la productividad.
La discusión sobre el impacto del cambio tecnológico en el empleo y las relaciones laborales es
un tema de creciente interés a nivel académico, político y de los actores sociales. A modo de
ejemplo, en Uruguay, este año, la Comisión Especial de Futuros del Parlamento, apoyada por
un grupo de técnicos especializados, se encuentra discutiendo sobre la temática identificada
como “el Futuro del Trabajo y el Trabajo del Futuro”.
En este tema es particularmente relevante profundizar el análisis con una perspectiva regional,
que identifique cuáles son los principales desafíos para nuestras economías. Esto se debe a
que, si bien lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo en la región, y en particular en
Uruguay, tiene puntos importantes de conexión con los principales hallazgos de la literatura
para el caso de los países de mayor desarrollo, también tiene matices relevantes. Estos matices
hacen que el diagnóstico y las líneas de política a tener en cuenta no necesariamente sean las
mismas en las diferentes realidades.
En particular, esta columna discute un diferencial inicial que es de suma relevancia para
analizar el tema, que consiste en la velocidad a la cual el cambio tecnológico es incorporado en
los países de la región en comparación con los países de mayor crecimiento. En una próxima
columna, dedicada también al tema, discutiremos otros matices relevantes vinculados a las
tendencias recientes de los mercados laborales regionales en comparación con países
desarrollados.
La cuarta revolución industrial no será igual para todos
Cuando se piensa en temas vinculados al futuro del trabajo, es fundamental tener presente
que el proceso de aceleración tecnológica vinculada a la automatización, digitalización y
penetración de inteligencia artificial probablemente no impacte en los países de América
Latina con la misma intensidad o velocidad que en los países desarrollados o emergentes
asiáticos.
La literatura disponible sugiere la existencia de una brecha promedio importante entre la
región y las economías más avanzadas en lo que se refiere a la incorporación de tecnologías
del siglo XXI. La brecha, no obstante, es heterogénea. Hay focos de alta incorporación de
tecnología, pero suelen ser núcleos específicos en áreas urbanas y en determinadas industrias.
En un seminario sobre el tema desarrollado el año pasado,1 el investigador brasileño João
Carlos Ferraz planteaba que se estima que, en la región, 75% de las empresas utiliza
tecnologías con rezagos significativos, un 20% tecnologías de generación mediana y solo un 5%
(los denominados cóndores) utilizan tecnologías de punta.
Este rezago y heterogeneidad en la penetración de tecnología tiene su contraparte en menores
impactos sobre el mercado laboral. El trabajo de Lewandowski et al. (2020)2 aporta evidencia
que indica que el quiebre desde trabajos rutinarios a no rutinarios (típico efecto de la adopción
de tecnologías en el mercado laboral) en países de ingresos bajos y medios entre 2000 y 2017
habría sido significativamente más modesto que el observado en países desarrollados.
¿Qué ocurrió en revoluciones tecnológicas previas?
La menor velocidad de incorporación tecnológica no representaría una novedad para la región
ya que, en ocasiones anteriores de aceleración tecnológica a nivel global, América Latina
mostró mucho menor dinamismo que las regiones que lideraron los procesos, presentando
incrementos del producto por habitante significativamente más modestos.
A modo de ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y las economías de
Europa Occidental presentaron una importante aceleración en el crecimiento del producto por
habitante, generando una divergencia significativa respecto a la dinámica latinoamericana,
donde no se registró una aceleración relevante (gráfico 1).
Más recientemente, focalizándonos en los últimos cuarenta años, se observa una fuerte
aceleración de las economías del sudeste asiático, lideradas por China, mientras que las
economías de mayor desarrollo muestran una moderada desaceleración. América Latina, por
su parte, continuó sin exhibir un quiebre significativo en su dinámica de crecimiento. El gráfico
2 nos permite observar, más allá de la importante brecha que aún existe, que en los últimos 40
años las economías emergentes de Asia lograron consolidar una senda de convergencia hacia
las economías desarrolladas, en tanto que América Latina muestra una trayectoria divergente
con algunas oscilaciones.
En este sentido, si, como probablemente ocurra, el proceso de cambio tecnológico llega a la
región con mucha menor intensidad, los desafíos asociados al desempleo tecnológico y/o
polarización laboral mencionados en la literatura vinculada al futuro del trabajo serán menos
relevantes que en los países desarrollados. Sin embargo, este escenario representaría un
nuevo episodio de aceleración tecnológica que la región no lograría capitalizar a los efectos de
potenciar su crecimiento y reducir las importantes brechas de productividad que la separan de
las economías de mayor desarrollo.
¿Qué ocurre con las preocupaciones de política económica?
De esta forma, una preocupación inicial para los hacedores de política a nivel regional debería
estar relacionada con evitar el fracaso en términos de productividad registrado en las
revoluciones tecnológicas previas.
La incorporación masiva y oportuna de nuevas tecnologías que permitan evitar la ampliación
de la brecha de productividad e ingresos con los países de mayor desarrollo no se dará
naturalmente. Para que esto ocurra, deben existir las condiciones para su incorporación y estar
presentes los incentivos económicos adecuados.
En materia de condiciones para la incorporación de nuevas tecnologías, claramente la región
parte en desventaja en términos de infraestructura, capital humano e inversión en
investigación y desarrollo. La automatización de procesos y digitalización requiere de
infraestructura digital, pero también de capital humano adecuado para poder operar y trabajar
con las nuevas tecnologías. Los problemas de cobertura y calidad educativa pueden
representar una limitante significativa para capitalizar la cuarta revolución industrial.
Finalmente, los magros niveles de inversión en ciencia y tecnología también atentan
claramente contra el progreso tecnológico adaptado a la realidad local.
El menor grado de investigación local determina que la mayor parte de las veces la región
procure adaptar innovaciones tecnológicas desarrolladas en base a motivaciones o un
contexto diferente al existente en la región. Por ejemplo, todos los desarrollos tecnológicos
ahorradores de mano de obra son claramente consistentes con el desafío de economías que
están en procesos avanzados de transición demográfica y proyectan hacia las próximas
décadas reducciones de la cantidad de población activa. Sin embargo, el objetivo de ahorrar
mano de obra se adapta en menor medida a América Latina, donde se proyecta a nivel global
un crecimiento significativo de la población en edad de trabajar, al menos hasta mediados de
siglo. Sin embargo, en este aspecto en particular, Uruguay muestra, con su avanzado proceso
de transición demográfica, un escenario que tiene más similitudes con los países desarrollados
que con el promedio de la región latinoamericana.
El desajuste entre los principales objetivos de las innovaciones y el contexto regional se
traduce en condiciones menos alineadas a la incorporación tecnológica. En primer lugar, las
decisiones de reemplazar trabajo humano por capital están estrictamente relacionadas con el
precio relativo de ambos factores. Mientras que los precios de los bienes de capital
“sustituidores de mano de obra” están razonablemente arbitrados entre países, los salarios en
las economías de la región son inferiores a las economías de mayor desarrollo, lo que podría
estar retrasando las decisiones de sustitución. Estos precios se ven afectados, a su vez, por
aspectos estructurales, como las diferencias relativas en las dotaciones de factores
productivos. Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los países de mayor desarrollo,
en los países latinoamericanos se espera un incremento relevante de la fuerza laboral en las
próximas décadas, lo que posiblemente limitará el encarecimiento relativo de este factor.
En este sentido, los principales desafíos en materia de políticas públicas en la región deben
centrarse en reducir las brechas de infraestructura, continuar incrementando la cobertura y
calidad educativa y apuntar a una mayor inversión en innovación y desarrollo. En materia de
políticas laborales, es importante evitar una narrativa de ansiedad tecnológica que derive en
una agenda pro-desregulación.
El objetivo de evitar la automatización de ciertos puestos de trabajo para preservar el empleo
puede derivar en propuestas de desregulación y depresión de salarios o beneficios laborales,
lo que a su vez puede efectivamente reducir los incentivos para automatizar. Es importante
evitar costos elevados en una transición que implique cambios significativos en el perfil de
tareas de los trabajadores, pero la respuesta ante este nuevo impulso tecnológico de ninguna
manera puede procurar reducir los incentivos para la adopción de nuevas tecnologías.
La tendencia a la baja en el precio de las diferentes opciones tecnológicas determinará que en
algún momento las actuales nuevas tecnologías terminarán por incorporarse a la producción.
El problema es que esto podría ocurrir cuando estas dejen de ser de punta y el mundo
desarrollado ya se encuentre transitando una nueva revolución tecnológica. En ese caso, los
desafíos habitualmente mencionados en la literatura asociada al futuro del trabajo serán
manejables, pero gran parte de los trabajadores de la región continuarán inmersos en empleos
precarios de baja productividad, reducidos ingresos y escasa protección social.
Aunque no suela incluirse en las discusiones sobre el futuro del trabajo, un riesgo importante
para Uruguay y la región es que la cuarta revolución tecnológica a nivel global pase
relativamente desapercibida en nuestros mercados laborales y, por lo tanto, no tenga
impactos positivos en materia de productividad.
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Spot el perro robot de CSI Ingenieros. Foto: CSI Ingenieros
El Nuevo Derecho Digital Y Los Problemas De Discriminación. Por Miguel
Rodríguez-Piñero Royo. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Universidad de Sevilla. Secretario General Universidad Internacional de Andalucía
“Nos encontramos en mitad de un proceso de construcción de un Derecho Digital del Trabajo,
que supone tanto la regulación del impacto de la digitalización en el trabajo, como la
ordenación de las distintas formas de trabajo digital. Esta nueva rama supone una confluencia
de ordenamientos, el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Protección de Datos, y por ello en
su seno se produce una verdadera guerra cultural entre ambas ramas, cada una de las cuales
tiene su lógica y sus mecanismos.
Esta construcción se produce en el contexto de un cambio de tendencia en el Derecho del
Trabajo Digital, que en la tercera década del siglo vuelve a fijarse como prioridad la tutela de
los trabajadores. Y en un momento en el que los ordenamientos laborales han acusado el
impacto de la experiencia COVID.
Existe una preocupación por cómo afecta la transformación digital a los derechos de los
ciudadanos. La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década
Digital (en adelante DEDPDDD) afirma la necesidad de que la transformación digital se aborde
de manera plenamente conforme con los derechos fundamentales, puesto que las personas
constituyen el núcleo de la transformación digital de la Unión Europea. En España la Carta de
los Derechos Digitales (CDD) establece que los derechos y libertades fundamentales son
aplicables en los entornos digitales., quedando obligado el legislador a impulsar las medidas
necesarias para que las leyes puedan concretar, en cuanto sea necesario, las especificidades de
los derechos en el entorno digital. Más concretamente, “se promoverá que en los procesos de
transformación digital, el desarrollo y el uso de la tecnología digital, así como cualquier
proceso de investigación científica y técnica relacionado con ellos o que los utilice
instrumentalmente, se tenga presente la exigencia de garantizar la dignidad humana, los
derechos fundamentales, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y
orientarse al logro del bien común.”
En este proceso se produce la aparición de una nueva categoría la de los “derechos digitales”,
unos de última generación, propios de un entorno digital y reconocidos de manera multinivel.
El más universal y desarrollado normativamente es el derecho a la protección de datos, de
amplio espectro. También hay otros específicamente laborales, como el derecho a la
desconexión digital o las garantías frente al poder de control del empleador (revisión de
dispositivos digitales; sistemas de geolocalización; dispositivos de videovigilancia; controles
biométricos); los derechos de acceso individual o colectivo; los derechos vinculados a la
transformación digital (formación, información, recolocación); los relacionados con la
formación (alfabetización y cualificación digital).
Dentro de los derechos digitales, la igualdad y no discriminación ha recibido una especial
atención, lo que es comprensible, por la relevancia de estos derechos, como un aspecto
central de nuestra cultura jurídica; y también, sobre todo, por el temor al impacto de la
digitalización en un aspecto tan básico de la dignidad humana.
La ya citada DEDPDDD establece que la vía de la Unión para la transformación digital de
nuestras sociedades y nuestra economía debe abarcar, entre otros, la igualdad. La CDD afirma
en su apartado VIII que “el derecho y el principio a la igualdad inherente a las personas será
aplicable en los entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la no exclusión”.
La tecnología puede ser una causa de discriminación, lo que nos lleva a dos situaciones
diferentes, la brecha digital y la discriminación algorítmica.
Según Eurostat, la brecha digital hace referencia a la «distinción entre aquellos que tienen
acceso a Internet y pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la World Wide
Web, y aquellos que están excluidos de estos servicios».
La Resolución 68/167 del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones
Unidas sobre promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet expresa
“su preocupación por la persistencia en muchas formas de la brecha digital entre los países y
dentro de ellos y entre hombres y mujeres y niños y niñas”.
Esta brecha presenta varios tipos, distinguiéndose una brecha de acceso (las posibilidades que
tienen las personas de acceder a internet), una brecha de uso (la falta de competencias
digitales que impide usar la tecnología), y una brecha de calidad de uso (ausencia de los
conocimientos necesarios para sacarle el mayor partido posible).
Teletrabajo: los riesgos laborales, el aumento en la carga para las mujeres y la falta de un
diálogo tripartito en su reglamentación. En la Diaria/Futuro del Trabajo, 16 junio 2022.
“Referentes del sector del trabajo expusieron sobre los efectos que generó esta
modalidad, que se expandió con la pandemia, en aspectos psicológicos y en las
condiciones laborales.
Como respuesta a los efectos que generó el aumento del teletrabajo que forzó la
covid-19, la Universidad de la República (Udelar) creó el proyecto “Teletrabajo en
Uruguay en la pandemia del covid-19: tensiones, desafíos y perspectivas en sus
dimensiones políticas, académicas y sociales”, impulsado por un grupo
interdisciplinario integrado por las facultades de Ciencias Sociales, Información y
Comunicación y Psicología. En el marco del proyecto, se realizó este miércoles en
forma virtual el foro “Condiciones de trabajo y riesgos psicosociales para la salud de las
personas que teletrabajan”, que fue el tercero y último del ciclo “Teletrabajo en
Uruguay: diálogos virtuales”, cuyo propósito es organizar diálogos con actores
relevantes de la temática.
La actividad tuvo como eje central tres preguntas que fueron el hilo conductor para el
diálogo de los invitados. La primera consulta fue sobre las principales características de
las condiciones laborales del modelo de teletrabajo que se implementó a raíz de la
covid-19. Gabriela Muñoz, de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social
(IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) planteó que uno de los
principales problemas es que muchos de los domicilios de los trabajadores no tenían
las condiciones de salud y seguridad para realizar teletrabajo. Contó que frente a la
extensión del fenómeno, la inspección implementó una ficha técnica que establece las
recomendaciones sobre lo que debe tener el lugar de trabajo.
Carmen Bueno, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), señaló que en el organismo no les gusta hablar de
teletrabajo en pandemia porque “lo que se hizo en pandemia no es teletrabajo, es un
trabajo a distancia excepcional y obligatorio. El teletrabajo no puede ser obligatorio”.
Apuntó que el teletrabajo no está exento de riesgos laborales, puede exponer a los
trabajadores a riesgos ergonómicos y psicosociales. Además, debido a la pandemia se
sumaron problemas como el sedentarismo, el aislamiento social, el miedo al contagio
de la covid-19 y a transmitirlo a la familia.
Foto : Pablo Vignali / adhocFOTOS
Algoritmos, psicometría y derechos de ‘yo inconsciente’ de las personas (YIP).
En elBlog de Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz, 14.06.2022
La profesora Lisa FELDMAN BARRETT en su fantástico libro «La vida secreta del
cerebro» afirma (306)
«entre neurociencia y el sistema jurídico hay una gran falta de sincronización en
cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana. Estas discrepancias se
deben abordar si queremos que el sistema jurídico siga siendo uno de los logros
más importantes de la realidad social, y si queremos seguir protegiendo los
derechos inalienables de las personas a la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad».
La necesidad de esta simbiosis podría acrecentarse con la irrupción de la estadística
computacional y los algoritmos. Especialmente porque, como les expuse en «La
irrupción de los algoritmos en el Derecho del Trabajo» lo cierto es que, de algún modo,
estas herramientas están contribuyendo a desencriptar ciertos patrones de nuestro
comportamiento.
En efecto, «los algoritmos de aprendizaje profundo reconocen rasgos de la
programación humana, de nuestro código fuente, que todavía no hemos sido capaces
de articular con palabras (….). Los programas informáticos han detectado rasgos que
guían nuestras preferencias, y que podemos intuir pero no articular» (SAUTOY,
Programados para crear, 110 y 111).
Psicometría y patrones conductuales emergentes
La psicometría (Byung-Chul HAN, Infocracia, 35 a 37), también conocida como
«psicografía», es un «procedimiento basado en datos para obtener un perfil de
personalidad». El potencial de estas herramientas radica en el hecho de que estos
perfiles «psicométricos permiten predecir el comportamiento de una persona mejor
de lo que podría hacerlo un amigo o un compañero».
De hecho, «con suficientes datos, es posible incluso generar información más allá de lo
que creemos saber de nosotros mismos».
Y, en este contexto, el smartphone juega un papel absolutamente medular, pues,
como «informante» (nuestra nueva «extremidad artificial»), es «un dispositivo de
registro psicométrico que [¡voluntariamente!] alimentamos con datos día a día, incluso
cada hora». Por este motivo, «puede utilizarse para calcular con precisión la
personalidad del usuario».
Siguiendo con HAN (22 y 23), a partir de la idea de Walter BENJAMIN, que atribuía a la
cámara cinematográfica la capacidad de acceder de forma especial al inconsciente de
las personas (denominándola el «inconsciente óptico»), pues, los primeros planos y la
cámara lenta permitían visibilizar «micromovimientos y las microacciones que escapan
al ojo humano», en la actualidad, el big data y la estadística computacional operan
como una «lupa digital que descubre el inconsciente oculto del agente tras el espacio
consciente de la acción».
Pero en otros ámbitos se están empleando estas herramientas con un impacto más
profundo: hay investigadores que (a partir de una concepción errónea de cómo se
generan las emociones FELDMAN, 45) emplean algoritmos para analizar escáneres
cerebrales y creen que son capaces de detectar las huellas dactilares neurales de las
emociones (como la ira o el miedo) y, de este modo, alcanzar lo que se conoce como
«adivinación neural del pensamiento».
En cualquier caso, ciertamente sería un error pensar que estamos simplemente ante
un estadio evolucionado de las formas ocultas de propaganda que, iniciando una
nueva era de la publicidad, exponía hace décadas Vance PACKARD. En realidad, se
trata de un salto que describe un nuevo orden de magnitud, pues, la psicografía que se
obtiene de esta información permite lo nunca antes alcanzado: un microtargeting con
una granularidad tan fina que la personalización, literalmente, «a la carta» es ya una
realidad. Conocer el psicograma de cada una de las personas se ha convertido en un
propósito que, como les expuse en «El saqueo de nuestra privacidad y la corrosión de
la democracia de la sociedad digital«, no sólo es posible, sino que está siendo
perseguido crecientemente por empresas e instituciones.
En el fondo, se aspira a que, a través del inconsciente digital, pueda influirse sobre el
comportamiento humano por debajo del umbral de la conciencia (un conductismo
digital severo o radical).
Por ejemplo, reparen en lo que se conoce como la «ilusión del libre albedrío»
(FELDMAN, 88): el cerebro hace uso de la predicción para iniciar movimientos
corporales (como alargar el brazo para coger una manzana o huir de una serpiente).
Estas predicciones se dan antes de que seamos conscientes de la intención de mover el
cuerpo. Es decir,
«el cerebro emite predicciones motrices para mover el cuerpo mucho antes de
que seamos conscientes de la intención de moverlo (…). Si el cerebro fuera sólo
reactivo sería demasiado ineficiente».
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En el Blog del Prof. Antonio Baylos, 23 de mayo de 2022
Un encuentro en el corazón de Alemania entre los dos grandes sindicatos de metal
italiano y alemán
“Hay noticias que nunca salen en la prensa “generalista”. No sólo en España, en donde la
calidad y cantidad de informaciones sobre las relaciones laborales están prácticamente
invisibilizadas o en s caso subordinadas a las prioridades comunicativas marcadas por la
ultraderecha que todos los medios de comunicación siguen y promueven. En la gran mayoría
de los países europeos, el pensamiento crítico que proviene del debate intrasindical es un
hecho ajeno al interés de los periodistas. Permítase por tanto a este blog alguna muy breve
incursión en este asunto.
El lunes 23 de mayo ha tenido lugar en Wolfsburg, la ciudad alemana conocida por ser la sede
de Volswagen en la Baja Sajonia – una ciudad de orígenes infames, fundada por Hitler en 1938
para la construcción del coche Kraft durch Freude (Fuerza a través de la Alegría), la
organización nazi encargada de organizar, vigilar y disciplinar el tiempo libre en la Alemania del
III Reich – un encuentro entre el sindicato IG Metall y la FIOM-CGIL de Emilia Romagna, que
llevaba por título “La industria automovilística alemana e italiana ante los retos de los procesos
de transformación”.
En el encuentro intervinieron Daniela Cavallo, Presidenta del Comité de Empresa del Grupo
Volkswagen, que hizo una importante aportación sobre el futuro de la industria, y el secretario
Internacional del Grupo VW – Europa de IG Metall, Flavio Benites, por cierto un buen amigo y
seguidor de este blog, junto a Michele de Palma, secretario general de la FIOM.CGIL de la
Emilia Romagna. El encuentro se enmarca en la construcción de una relación constante entre
estas dos potentes federaciones sindicales regionales, permanencia del contacto intersindical
que se lee como el “único antídoto” frente a la competencia despiadada del mercado entre
territorios y trabajadores. De manera simbólica, el debate sindical se celebraba a tan solo
cientos de metros del lugar donde el 24 de mayo se celebrará la reunión de los Ministros de
Trabajo del G7 (es decir, de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Canadá y Japón) que
van a debatir entre otros temas, el documento de posición conjunto de la patronal
internacional IOE y la asociación empresarial alemana (BDA) sobre las cadenas mundiales de
suministro. Un debate de contornos ciertamente bien diferentes a este que se comenta.
El encuentro bilateral sindical efectúa algunas reflexiones que la FIOM-CGIL ha recogido en su
boletín de prensa, por el que se cita a continuación. Al margen del análisis efectuado, sobre
sale la conclusión más relevante del mismo: iniciar el camino para una gran asamblea europea
de delegados de las federaciones del metal y defender el derecho a la movilidad ecológica para
todos. Este es el resumen de lo debatido en el encuentro.
“Con la guerra en el corazón de Europa, surge un problema de competencia entre países por el
suministro de fuentes de energía y componentes. Tenemos que silenciar las armas.
Necesitamos autonomía e independencia industrial a nivel europeo, y necesitamos solidaridad
y cooperación entre los sindicatos europeos. Los efectos de la guerra los están pagando los
trabajadores. Los sindicatos tienen una responsabilidad extraordinaria. Debemos trabajar en
un plan europeo extraordinario para la industria de la movilidad. Un plan de transición
industrial e innovación que salvaguarde el empleo y garantice el acceso a la movilidad
sostenible para todos. Tenemos que crear consorcios europeos de cooperación en el sector del
automóvil para fomentar el intercambio en lugar de la competencia. Tenemos que iniciar el
camino para la construcción de una gran asamblea europea de delegados y delegadas de la
industria de la movilidad”.
El panorama de la industria automovilística italiana es dramático: Italia produjo 1,8 millones de
coches a finales de los años 90, mientras que en 2021 ha producido unos 400 mil vehículos. El
volumen de negocio de la industria del automóvil es, sin embargo, importante en el sistema
industrial italiano ya que, si consideramos también los componentes, estamos hablando de
93.000 millones de euros de facturación, lo que equivale al 5,6% del PIB, con un empleo de
unos 250 mil trabajadores directos. La gran capacidad industrial desde el punto de vista de los
componentes está compensando la crisis en los volúmenes de producción de vehículos de
Stellantis, la alianza entre FCA y Grupo PSA, como resultado de una asociación 50:50 entre el
consorcio francés y el italo-estadounidense: el dato es que por cada coche matriculado, 0,28
coinciden con lo producido en Italia, mientras que en Alemania la relación es de 1,29.