Fundación Electra

Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021: La región perdió 26 millones de empleos en un año de pandemia. OIT Américas. Nota técnica

“Un nuevo análisis de OIT alerta que se necesitan “acciones ambiciosas” para la
recuperación del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe, en un 2021 que
inició marcado por nuevas olas de contagios. El fuerte impacto laboral de la COVID-19
fue agravado por problemas estructurales preexistentes.
Noticia | 8 de abril de 2021

Lima – La región de América Latina y el Caribe perdió 26 millones de empleos como
consecuencia de la pandemia, e inició 2021 con un panorama laboral complejo agravado
por nuevas olas de contagios y lentos procesos de vacunación que hacen más inciertas las
perspectivas de recuperación en los mercados de trabajo, destacó una nueva nota técnica
de OIT.

“La búsqueda de una mejor normalidad va a requerir de acciones ambiciosas para
recuperarnos de los retrocesos en el mundo del trabajo”, advirtió Vinícius Pinheiro,
Director de la OIT para América Latina y el Caribe, al comentar los datos de esta
nota técnica de análisis que recoge los últimos datos disponibles sobre el impacto
de la COVID-19 durante el último año.

“Ahora toca volver a generar los empleos perdidos por la pandemia y crear nuevas
oportunidades de trabajo decente”, dijo Pinheiro, al señalar que pese a las
adversidades se deben tomar medidas y lograr consensos para que “2021 sea el
año de la vacunación y de la recuperación económica con generación de más y
mejores puestos de trabajo”.

Por otro lado, el Director Regional de OIT planteó que “en la búsqueda de la
recuperación resultará ineludible abordar las condiciones preexistentes en la
región, que son claves para entender por qué el impacto de la pandemia en el
empleo fue tan fuerte. Muchos de los desafíos que teníamos antes de la pandemia
continúan vigentes, aunque ahora son más urgentes”.

“Alta informalidad, reducidos espacios fiscales, persistente desigualdad, baja
productividad y escasa cobertura de la protección social, sumados a problemas
que aún persisten como los de trabajo infantil y trabajo forzoso, son parte de las
asignaturas pendientes en la región”, agregó.

La nota técnica de la Oficina Regional de la OIT “ Transitando la crisis laboral por la
pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas  ”, destaca
que los impactos en el trabajo fueron devastadores en el segundo trimestre de
2020 cuando los indicadores de ocupación y participación se desplomaron, y luego
se recuperaron parcialmente.

Aún así, al concluir 2020 la tasa de ocupación promedio de la región se había
reducido de 57,4 a 51,7 por ciento, una fuerte caída que equivale a la pérdida de
alrededor de 26 millones de empleos, de los cuales un 80 por ciento, es decir más
de 20 millones de personas, salieron de la fuerza de trabajo.

Esta salida de la fuerza laboral fue inédita y ha sido una característica de 2020. En
comparación, la tasa de desocupación ha reflejado solamente en forma parcial la
magnitud de las dificultades por las que han venido atravesando los mercados
laborales de la región, al aumentar en algo más de 2 puntos porcentuales entre
2019 y 2020, de 8,3 a 10,6 por ciento.

Esta situación habría comenzado a cambiar, explicó la autora del informe, la
especialista regional en economía laboral de OIT Roxana Maurizio, quien comentó
que en 2021 podría registrarse “un aumento importante de la tasa de
desocupación cuando retornen a la fuerza de trabajo las millones de personas que
habían dejado de participar en la fuerza laboral”.

 

Además de los empleos perdidos, la región experimentó una fuerte contracción de
las horas trabajadas, así como una reducción de los ingresos laborales, que
representan 80 por ciento de lo que perciben las personas en América Latina y el
Caribe. La región ha registrado las mayores pérdidas a nivel mundial en las horas
trabajadas.

La nota técnica de la OIT señala que en esta crisis tanto el empleo formal como el
informal experimentaron contracciones muy pronunciadas, pero el segundo con
mayor intensidad que el primero y por ese motivo la tasa de informalidad se redujo
(temporalmente), en el marco del colapso generalizado en la demanda de empleo,
especialmente en los primeros meses de la pandemia. Pero esa situación ya
comenzó a cambiar.

“Existe un alto riesgo de informalización que se suma a los ya elevados niveles de
informalidad laboral que tenían los países antes de la pandemia”, destacó
Maurizio.
Según los datos disponibles de siete países, la recuperación del empleo en la
segunda mitad de 2020 ha estado traccionada casi por completo por el crecimiento
del empleo informal. Estas ocupaciones estarían dando cuenta de más del 60 por
ciento del aumento total del empleo.

“El déficit de trabajo formal, a su vez, probablemente se hará más evidente para
ciertos grupos de trabajadores como los jóvenes, las mujeres y los adultos con
menores calificaciones, grupos que estructuralmente exhiben mayores dificultades
para insertarse en un puesto formal”, agregó la especialista de OIT.

“El colapso macroeconómico ha impactado de manera desproporcionada en
algunos segmentos de la población, amplificando las brechas laborales y sociales –
especialmente las brechas de género- que caracterizan la región”, agregó. “Las
perspectivas de recuperación económica para 2021 son modestas y aún muy
inciertas, por lo que las expectativas acerca de una posible reversión de la
situación crítica del mercado de trabajo deberían ser muy cautelosas”.

La OIT ha propuesto desarrollar estrategias de recuperación basadas en un Marco
de políticas con cuatro pilares principales: estimular la economía y el empleo;
apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; proteger a los trabajadores en
el lugar de trabajo; y recurrir al diálogo social para encontrar soluciones.

La nota técnica destaca que en un escenario tan complejo como el actual “el
dialogo social y la construcción de nuevos consensos, pactos o acuerdos son más
relevantes que nunca” para avanzar en la recuperación del empleo.

ENLACE A LA NOTA TÉCNICA  “Transitando la crisis laboral por la
pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas”.

 

Panorama Laboral de la Oficina Regional de la OIT
Crisis por la pandemia agudiza vulnerabilidad laboral de migrantes en
América Latina y el Caribe. OIT Américas
OIT hace un análisis sobre una población migrante constituida principalmente por
personas en edad de trabajar mayores de 25 años, que frecuentemente enfrentan
“retos adicionales” para mantener sus empleos y sus ingresos.
Noticia OIT | 6 de abril de 2021

Lima – La crisis laboral por la COVID-19 ha afectado a todas las personas trabajadoras
en América Latina y el Caribe, pero es importante considerar que las personas
migrantes y sus familias, especialmente aquellas que se encuentran en situación
migratoria irregular y/o se dedican a trabajos informales enfrentan retos adicionales,
destacó un análisis de OIT.

Muchas personas migrantes están en condiciones “de mayor vulnerabilidad ante la
pérdida de empleo e ingresos, debido a que en la mayoría de los casos se encuentran
en condiciones precarias de trabajo y de vida, con acceso limitado a servicios de
atención médica y saneamiento”.
Esa vulnerabilidad, sumada a falta de información adecuada sobre sus derechos y las
medidas de prevención, generan “mayores riesgos a ser víctimas de abusos y
explotación”, destaca la nota técnica “ Migración laboral, movilidad en el mundo del
trabajo ante la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe  ”, publicada
como parte de la serie Panorama Laboral de la Oficina Regional de la OIT.
“La crisis también ha propiciado el incremento de la demanda de algunos trabajadores
con diversas competencias y experiencia – en las profesiones médicas y los servicios de
emergencia, pero también en la agricultura, las plataformas de reparto y entrega a
domicilio de alimentos, la logística y los servicios de limpieza”.
“Las personas trabajadoras migrantes y refugiadas han estado en primera línea en
muchas de estas ocupaciones”, añade la nota técnica.

El análisis destaca que de acuerdo con los datos recopilados en 13 países de la región
antes de la pandemia, las personas mayores de 24 años fueron el grupo más
importante en la población nacida en el extranjero. “El grueso de la población

migrante se encuentra en la edad activa y, por ende, cuenta con un perfil adecuado
para participar en el mercado laboral de los países receptores”.
En 8 de los 13 países la tasa de participación laboral de los migrantes es superior a la
población total, lo cual se considera “indicativo de que los movimientos migratorios
recientes estarían asociados a la necesidad de generación de ingresos, la cual
impulsarían a los migrantes a participar en el mercado laboral a tasas muy superiores a
los nacionales”. “En los países cuya tasa de participación de los migrantes es inferior a
la del total del país podría haber un indicativo de la existencia de factores
estructurales, legales o institucionales que limitan la participación laboral de los
trabajadores migrantes”, añade el documento en la sección sobre la situación antes de
la pandemia, basada en datos de las encuestas de hogares.

El documento también hace referencia a una encuesta de evaluación rápida para
medir el impacto de la pandemia COVID-19 en la migración laboral, la movilidad y las
prácticas de contratación en América Latina y el Caribe, realizada por la OIT durante los
meses de agosto, septiembre y octubre de 2020.
Las 239 personas entrevistadas en Brasil, Perú y República Dominicana permitieron
apreciar que “la crisis provocada por la pandemia COVID‐19 ha tenido repercusiones
negativas en el ámbito económico, laboral, cultural, socio‐emocional, y sanitario tanto
en los países de origen como de destino, afectando las condiciones de vida de las
personas refugiadas, solicitantes de asilo, y trabajadoras migrantes”.

“Se consultó a las personas trabajadoras participantes sobre su percepción de los
impactos de la COVID-19 en la continuidad de sus actividades laborales. En particular
se les invitó a que describieran su principal preocupación ante las repercusiones de la
COVID-19. Al respecto, la mayoría respondió, en primer lugar, no tener medios para
sustentarse en el mediano plazo y, en segundo lugar, no encontrar trabajo a largo
plazo, ni en el país de origen ni en el de destino”, dice el análisis.
En el ámbito laboral, en los países de destino, un 43 por ciento de las personas
refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes continuaba sus actividades
laborales hasta el momento de aplicación de la encuesta (entre agosto y octubre de
2020), mientras que un 57 por ciento no tenía empleo en el momento de la consulta.
En términos de género, el 54 por ciento de los hombres mantenían su trabajo frente al
38 por ciento de las mujeres. En particular, las mujeres refugiadas o solicitantes de
asilo son las más afectadas.

Entre las personas encuestadas, se reportó que la pérdida de empleo por la COVID-19
ha sido mayor entre quienes se dedican al trabajo doméstico (71 por ciento sin
empleo), seguido del sector ventas y restaurantes, y hotelería y turismo, en los cuales
se registró un 59 por ciento y un 54 por ciento de personas sin trabajo,
respectivamente.

Además, se evidenció una reducción de horas de trabajo y el salario (14 por ciento),
la suspensión de pagos o no estar percibiendo remuneración (13 por ciento) y la
reducción de salario (9 por ciento) como consecuencia de la COVID-19. La pérdida de
trabajo y la disminución en los ingresos también ha impactado negativamente las
posibilidades que tienen las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras
migrantes de mantener el envío de remesas (solo un 29 por ciento de los entrevistados
continuaba transfiriendo ayudas económicas a sus familias).

La OIT destaca que para enfrentar la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes es
necesario tomar medidas como:
• Incluir a las personas trabajadoras migrantes en las respuestas relativas a los
ingresos y en las respuestas de política conexas
• Ampliar el acceso a los servicios de salud y a la cobertura de protección social
para las personas trabajadoras migrantes
• Proporcionar información adecuada y accesible
• Asegurar que los trabajadores migrantes tengan un estatus migratorio regular o
no acaben encontrándose en situación irregular
• Asegurar la contratación equitativa durante la pandemia de la COVID-19
• Proteger los derechos en el trabajo de las personas refugiadas y otras personas
desplazadas por la fuerza durante la pandemia de la COVID-19

“En el contexto de la pandemia de la COVID-19, los refugiados y otras personas
desplazadas corren mayor riesgo de contraer la enfermedad porque las circunstancias
del viaje y la precariedad de sus condiciones de vida los hace más vulnerables. Además,
suelen tener grandes dificultades para acceder a los servicios de salud del país en que
se encuentran”, añade el análisis de la serie Panorama Laboral.”

Enlace

Enlace a la Nota Técnica “Migración laboral, movilidad en el mundo del
trabajo ante la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe!”


También puede interesar

Sistema de Naciones Unidas en Chile y en México presentan programa
conjunto que promoverá la integración socioeconómica de personas
migrantes y refugiadas

La iniciativa, que se desarrollará en el marco del Migration Multi-Partner Trust Fund,
será implementada en ambos países por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Noticia | 7 de abril de 2021

Santiago de Chile.- Con el objetivo de promover la integración socioeconómica de
personas migrantes y refugiadas, este miércoles representantes de los Sistemas de las
Naciones Unidas en Chile y México, presentaron un nuevo proyecto conjunto que
trabajará con los gobiernos locales de la ciudad de Santiago de Chile y la Ciudad de
México en esta materia.

El proyecto, que será implementado en ambos países por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo de la Oficina del
Coordinador/a Residente, en coordinación con los gobiernos locales, buscará
especialmente fortalecer los mecanismos que permitan a las personas migrantes y
refugiadas acceder a trabajo decente y a medios de vida sostenibles, hecho que ha
tomado aún mayor relevancia dado los efectos de la pandemia por COVID-19 en toda
la sociedad y en especial en las poblaciones más vulnerables.

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BID: Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Informe macroeconómico de ALyC 2021. BID.

 

Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Informe
macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021.

BID, Coordinado por Eduardo Cavallo y Andrew Powell

Datos destacados
América Latina y el Caribe fue duramente golpeada por la COVID-19. La caída de 7,4%
del PIB en 2020 fue la mayor de la que se tiene registro en un solo año. Se perdieron

26 millones de empleos y se espera que la pobreza (extrema y moderada) aumente en
unos 5 puntos porcentuales de la población. El crecimiento en 2021 podría ser de tan
solo 0,8% si se retrasan los esfuerzos de vacunación o las mutaciones del virus resultan
ser resistentes a las vacunas. Sin embargo, en un escenario positivo de mayor
crecimiento mundial, el crecimiento en la región podría acelerarse a 5,2%. En el
escenario central, el crecimiento es de 4,1%.

El paquete fiscal medio para hacer frente a la crisis fue del 8,5% del PIB y los déficits
fiscales aumentaron un 5,3% del PIB en promedio en 2020. La deuda pública pasó del
58% del PIB en 2019 al 72% en 2020 y podría seguir aumentando hasta el 76% en
2023. Sin embargo, la trayectoria dependerá en gran medida del crecimiento y de la
política fiscal.

Los gobiernos deben tomar medidas para garantizar la sostenibilidad fiscal, monetaria
y financiera. También deben aplicar un conjunto de reformas urgentes para mejorar
los resultados fiscales y acelerar el crecimiento a través del impulso a las empresas
viables, ayudar a los trabajadores a encontrar empleos formales en el marco de los
procesos de transformación sectorial en curso, mejorar la conectividad, poner en
marcha un plan de digitalización, e invertir en infraestructura sostenible. Todo ello
ayudará a aumentar la productividad, acelerar el crecimiento, y cumplir los objetivos
ambientales.

DESCARGAR EL INFORME AQUÍ

 


 

También puede interesar:

 

Blog del Departamento de Investigación del BID 
Un nuevo informe detalla los riesgos económicos y las oportunidades para un
crecimiento más sólido después de la pandemia. 24 marzo 2021

Ha sido un año traumático. A medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba
por todo el mundo, cientos de miles de personas murieron en América Latina y el
Caribe y la economía entró en crisis. En 2020 se perdió cerca del 7,4% del PIB -la mayor
caída registrada en un solo año. Los confinamientos y las restricciones a la movilidad
generaron shocks negativos de oferta y demanda. El comercio y la actividad económica
cayeron drásticamente. Los gobiernos aumentaron el gasto, y los ingresos fiscales se
desplomaron, por lo que los déficits fiscales crecieron.
El costo de la pandemia en términos económicos ha sido enorme. Se estima que entre
febrero y octubre de 2020 se perdieron un 10% de los empleos (la cifra se morigeró a
una caída de 7% en febrero de 2021) y se prevé que la pobreza extrema aumentará del
12% a casi el 15%. Aunque la región ya estaba perdiendo terreno en términos de su

cuota en el PIB global antes de la pandemia, la crisis no ha hecho sino reforzar esa
tendencia. Y amenaza con dejar a los países en una situación de mayor pobreza, mayor
desigualdad y más endeudados.

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Indicadores demográficos y sociales: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2020. CEPAL, marzo 2021

 

DESCRIPCIÓN
En el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la CEPAL se presenta un
conjunto de estadísticas básicas que caracterizan la situación económica,
sociodemográfica y ambiental de la región referidas a un período en particular. Esta
información forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, el
portal de bases de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL [en
línea]  http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ .
La presente edición del Anuario contiene datos que se encontraban disponibles hasta
mediados de diciembre de 2020. El Anuario consta de tres capítulos.
El primero, en que se presentan los indicadores demográficos y sociales, incluye
información estadística sobre población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios
básicos, pobreza y distribución del ingreso, y género. En el segundo capítulo se reúnen
estadísticas económicas de comercio internacional, balanza de pagos y precios
internos, así como de cuentas nacionales (expresadas en dólares). En el tercer capítulo
se presenta la información cuantitativa disponible sobre medio ambiente referida a
condiciones físicas, cobertura terrestre, biodiversidad, calidad ambiental, recursos
energéticos, biológicos e hídricos, emisiones al aire, eventos naturales extremos y
desastres, regulación y gobernanza ambiental, y asentamientos humanos.

Descargar publicación en pdf o versión electrónica

Ver aquí todas las publicaciones de CEPAL de marzo 2021

OIT/STAT - Trabajo decente para todos: Cómo se está dejando atrás a las mujeres en la búsqueda de un trabajo decente para todos

Trabajo decente para todos.
Cómo se está dejando atrás a las mujeres en la búsqueda de un trabajo decente para
todos. OIT/Departamento de Estadísticas , 29 de marzo de 2021

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecen una visión
compartida para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático para 2030. ¿Invertirá la pandemia los avances en la
promoción del trabajo decente para todos, tal y como establece el Objetivo 8? Parece
probable, al menos para las mujeres.

Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de género en el lugar de trabajo seguía
siendo difícil de alcanzar . Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del COVID-19, ya
que constituyen el grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal
sanitario. Sin embargo, en todo el mundo y en todas las regiones y grupos de ingresos, la
pandemia ha afectado más a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral. Es
probable que esto revierta algunos de los progresos realizados en el marco del Objetivo 8, que
pretende “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, la plena y
productiva ocupación y el trabajo decente para todos”. Aunque todavía no disponemos de
suficientes datos globales para comprender el impacto total de la pandemia en los mercados
laborales, a continuación se ofrece un vistazo a lo que sí sabemos.

Pérdidas más acusadas para las mujeres que para los hombres en ocupación , y muchas de ellas abandonan por completo la población activa.

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Uruguay: Manual de Derecho del Trabajo para Trabajadores. UDELAR, Tomos I y II. Acceso libre

 

Manual de Derecho del Trabajo para Trabajadores. UDELAR, Tomos I y II.
Ed. EU. Montevideo, diciembre 2020. Acceso libre.

Autores
Hugo Barretto Ghione (coordinador), Héctor Babace, Rodolfo Becerra, Carlos Casalás,
Fernando Delgado, Beatriz Durán, Hugo Fernández Brignoni, Daniela García, Graciela
Giuzio, Nelson Loustaunau, Pablo Montes de Oca, Carolina Panizza, Virginia
Perciballi, Fabián Pita, Juan Raso Delgue, Jorge Rosenbaum, Rosina Rossi, Gabriel
Salsamendi, Héctor Zapirain, Laura Zuñiga
Ediciones Universitarias

(Unidad de Comunicación de la Universidad de la República –UCUR). Diciembre 2020

ENLACE A TOMO I (pdf)

ENLACE A TOMO II (pdf)

PRÓLOGO

El Manual de Derecho del Trabajo para trabajadores tiene su origen en los cursos de Educación
Permanente en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, que bajo la modalidad de
formación para nuevos destinatarios se realizan, desde 2011, en la Facultad de Derecho,
dirigidos a sindicalistas, en el marco del convenio entre la Universidad de la República y el PIT-
CNT.
Gracias a la secuencia anual de estos cursos para trabajadores y su reiteración en uno de los
años, en el 2019 se celebró (más que dictar) la décima edición. Además, existe en el haber
alguna experiencia similar implementada en el Centro Universitario de Paysandú y se piensa
programar otra en el Centro Universitario Regional del Este, de Maldonado. En 2018, como
derivación de estas actividades, se implementó un ciclo de profundización, que abordó
contenidos de actualidad y debate en el derecho laboral, la organización del trabajo y la
producción, y se convocó como alumnos a quienes habían transitado por el curso inicial. En
ese caso, se amplió el espectro temático, dando cabida a enfoques multidisciplinarios del
mundo del trabajo, por lo que se contó con la cooperación del Centro Interamericano para el
Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, de la Organización Internacional del
Trabajo.

Participaron, en esa oportunidad: los sociólogos Mariana Mendy, Marcos Supervielle y Pablo
Guerra; el experto del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (CINTERFOR), de la Organización Internacional del Trabajo (oit),
Fernando Casanova; el presidente de la Fundación Electra, el licenciado Pedro Daniel
Weinberg, y docentes de la Facultad de Derecho, así como el director del Instituto Cuesta
Duarte, Milton Castellano. La apertura del curso, realizado en el salón de actos de la sede del
PIT-CNT, estuvo a cargo del director del CINTERFOR, OIT, el licenciado Enrique Deibe, el
director de la Unidad Central de Educación Permanente, el ingeniero agrónomo Mario Jaso, y
el director del Instituto Cuesta Duarte y el suscrito como coordinador de los cursos.

El presente libro no solamente detalla las actividades de formación destinadas a sindicalistas,
sino que fundamentalmente traza, de manera breve, algunos apuntes sobre la significación de
la iniciativa y sobre la experiencia de enseñanza-aprendizaje que la precedió. En primer lugar,
el Manual… constituye la materialización de una actividad formativa para trabajadores
sindicalizados, que hace parte, a la vez, de las prácticas de un conjunto de docentes de
Derecho del Trabajo y de los programas de formación sindical del Instituto Cuesta Duarte.
Este doble carril supone una aproximación y un diálogo fecundo entre quienes son actores
directos del mundo del trabajo y quienes cultivan la disciplina jurídica que regula las relaciones
entre capital y trabajo, lo que se traduce, inevitablemente, en un desafío para las prácticas
docentes —que se ven movilizadas por un aula atenta, participante y distinta a la habitual— y
para las prácticas sindicales, que se ven enriquecidas, cuando no interrogadas, por un
trasfondo de conocimiento referido muy estrechamente al quehacer representativo que
desempeñan.

No parece necesario insistir en este espacio sobre la relevancia que el conocimiento y la
comprensión de los procesos de transformación de las formas de trabajar tienen para los
actores del mundo del trabajo. El futuro del trabajo está en el eje de las reflexiones de la
propia Organización Internacional del Trabajo, que lo ha colocado como centro de la
celebración del centenario de su creación y ha elaborado un documento esencial, producto de
un conjunto de expertos de todas las culturas y procedencias.
Tampoco parece novedoso decir que para el equipo docente actuante los cursos para
sindicalistas comportan una oportunidad privilegiada de contrastar sus construcciones y
puntos de vista con los de quienes se encuentran en la trinchera misma de la cotidianeidad del

trabajo efectivamente prestado en las actividades más variopintas, lo que hace de la tarea de
extensión educativa una verdadera oportunidad de crecimiento personal y profesional. La
conformación misma del grupo docente responde a una concepción pluralista propia de la
Universidad de la República, que genera una positiva sinergia entre catedráticos de
trayectoria, docentes en pleno desarrollo de sus capacidades y jóvenes integrantes del
Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a los que, en los últimos años, se
sumaron egresados de la licenciatura en Relaciones Laborales, lo que ha evidenciado, así, la
cercanía disciplinar entre ambas perspectivas.

El programa del curso, que compone el conjunto de los capítulos del libro, ha ido
evolucionando en el devenir del tiempo, como atendiendo a la propia dinámica de las
relaciones laborales; relaciones que presentan, por definición, una gran plasticidad por la
incidencia de los contextos sociales, culturales, políticos y tecnológicos.
El Manual… pretende, así, sintetizar y dar cuenta del estado actual de la normatividad jurídica
del mundo del trabajo en sus temas fundamentales y más urgentes para sindicatos y
trabajadores, por lo cual debe advertirse, desde ya, que no se trata de un curso general de
Derecho del Trabajo, al estilo de los cursos curriculares de la carrera de Derecho o de
Relaciones Laborales, sino que estamos ante una propuesta más ajustada a las necesidades de
sus destinatarios. En su estructura más general, el libro comprende una primera parte de corte
más teórico e histórico, en que se actualiza el debate del futuro del trabajo tal como se lo
concibe internacionalmente (Juan Raso Delgue), se repasa la historia del movimiento sindical
en nuestro país (Gabriel Salsamendi) y se estudian los otros dos actores del mundo del trabajo:
la empresa (Hugo Fernández Brignoni) y el Estado bajo sus distintas funciones (Rodolfo Becerra
Barreiro). Así presentado el marco básico de los actores o protagonistas de las relaciones
laborales, como le gustaba decir a Barbagelata, en la segunda parte se despliega una serie de
temas de reciente aparición o desarrollo y se abordan las cuestiones fundamentales del
derecho colectivo del trabajo.

En cuanto a los temas específicos, y como ya se ha dicho, el Manual… no emprende el repaso y
estudio de todas las regulaciones laborales de la relación de trabajo, como si se tratara de un
libro de texto, ni tampoco se comporta como un manual práctico de normas laborales. La
opción del curso y del libro ha sido la de elegir aquellas cuestiones que se estiman de más
urgente tratamiento y estudio por la demanda de conocimiento que presentan y por la
vertiente a menudo controversial de que aparecen revestidas en las relaciones laborales de
nuestro país, intentando apegarse a lo que podría llamarse un curso urgente de Derecho del
Trabajo. Asuntos como el acoso en el trabajo (Graciela Giuzio), las tercerizaciones (Fernando
Delgado), la determinación de la relación de trabajo (Rosina Rossi), la formación profesional y
organización del trabajo (Daniela García y Pablo Montes de Oca) y el más reciente fondo de
garantía de créditos laborales (Fabián Pita) son abordados con cierto detalle, por entenderse
que hacen parte de esos núcleos controversiales con poder transformador de las relaciones de
trabajo.

Esos encares son precedidos por una mirada en clave histórica acerca de la evolución del
derecho del trabajo en nuestro medio, a cargo de Virginia Perciballi de Luca y Laura Zúñiga
Valettuti.

En lo referente a las relaciones colectivas de trabajo, Jorge Rosenbaum Rimolo, Carlos Casalás
Viera y Nelson Loustaunau estudian el trípode de la negociación colectiva; las formas de
protección de la actividad sindical han quedado a cargo de Héctor Babace, y la conflictividad
laboral, bajo la responsabilidad de Héctor Zapirain.

El libro no estaría completo si no se trazara una mirada sobre las relaciones laborales en la
administración pública, para lo cual Beatriz Durán y Carolina Panizza repasan las formas de
contratación, y queda para una próxima edición del Manual… el tratamiento de la negociación
colectiva en ese sector.

Es oportuno, en esta parte, dejar constancia de que en alguna de las versiones del curso
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales para sindicalistas se incluyó el módulo «Economía
laboral», que estuvo a cargo del economista César Failache.

No fue ajeno a este esfuerzo el propósito manifiesto de los trabajadores de que estos cursos
de Educación Permanente pudieran acreditarse de modo de permitir una trayectoria educativa
formal de los participantes con destino a la licenciatura en Relaciones Laborales.
Permítasenos decir que quizá esté retornando el tiempo de reconsiderar este tipo de
transiciones hacia los estudios terciarios con mayor amplitud, de manera de abrir nuestra casa
de estudios a quienes tienen un conocimiento y unos saberes prácticos que bien pueden
ensamblarse con una trayectoria educativa de nivel superior. Mientras eso no ocurra, los
cursos de Educación Permanente en Derecho del Trabajo para sindicalistas, de uno de los
cuales el Manual… es testimonio definitivo, seguirán configurando una experiencia inestimable
que ha llamado la atención —podemos dar fe de ello— de centros universitarios extranjeros
que han tomado esto como referencia. Y continuarán sirviendo, nada menos, para mejorar las
relaciones laborales a favor del desarrollo de las personas, de las empresas y del país mismo, y
contribuirán, de paso, a poner a las prácticas docentes en Derecho del Trabajo más cerca de la
palpitación de la realidad del trabajo por cuenta ajena. No muchas experiencias educativas en
el país cuentan con tales atributos. (Del Blog del Prof. Hugo Barretto)

 

Ed. Wolters Kluwer: Los derechos digitales de los trabajadores a debate. Jesús Baz Rodríguez, Director. España, 2021

En su Blog, el Prof. Wilfredo Sanguineti presenta esta publicación:
“En los últimos años hemos empezado a adentrarnos en un mundo casi desconocido,
dentro del cual adquieren cada vez más relevancia mecanismos, instituciones o
categorías antes poco menos que inexistentes. Términos como dispositivo digital,
videovigilancia, geolocalización, inteligencia artificial, big data o desconexión digital se
dan cita, así, dentro de la dinámica de nuestras relaciones laborales y se combinan
como otros ya conocidos pero muy poco aplicados entre nosotros, como ocurre con el
de teletrabajo…”

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AUTÓNOMOS – En Cinco Días, Elpais.com: Las diversas vías de protección social para empleados de la economía digital. Sobre investigación de Ma. Luz Rodríguez F.

Las diversas vías de protección social para empleados de la economía
digital. Por R. González, en Cinco Días/Elpaís.com, Madrid, 17 marzo 2021.

Una profesora de Derecho del Trabajo plantea hasta tres alternativas posibles para
que los autónomos que colaboran con plataformas digitales puedan asegurar sus
coberturas sociales.

¿Los empleados de las plataformas digitales deberían ser autónomos o asalariados? La
profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-
La Mancha, María Luz Rodríguez ha analizado la situación de estos profesionales.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha publicado el análisis
realizado por la docente. Bajo el título ‘Las pensiones y las nuevas formas de empleo
de la revolución digital”, Rodríguez plantea distintas vías para dar cobertura y
seguridad a la relación laboral de estos profesionales y las plataformas digitales.
El trabajo realizado no se posiciona sobre cuál sería la mejor opción. Simplemente
trata de analizar todas las vías posibles. Una de ellas, indica, es que los autónomos que
trabajan en las plataformas digitales sean considerados como trabajadores
dependientes. Una propuesta que ya ha sido defendida en el pasado por asociaciones
como UPTA. Se trataría, en concreto, de estar de alta como autónomos
económicamente dependientes.
Bajo esta figura, el autónomo debe percibir el 75% de sus ingresos de un único cliente.
Teniendo derecho a pactar incluso vacaciones, y horarios, mediante la firma de un
contrato de colaboración que debe elevarse a la Seguridad Social.
Imitar el modelo nórdico
Otra de las opciones que plantea tiene que ver con el modelo nórdico. En ese sentido,
indica que habría que separar el modelo de seguridad social y el empleo. Para ello,
expone, habría que lograr que el tipo de empleo que se realiza no determine a qué
protección social se tiene acceso. Señala que, en este caso, la financiación se realizaría
a través de los impuestos.
La última alternativa sería que las plataformas digitales fueran las que se ocuparan de
pagar las cotizaciones de sus trabajadores autónomos. Esta medida no supondría
cambios a la Seguridad Social, aunque sí para las plataformas digitales, pues tendrían
que abordar estos costes laborales.

Cotizar por ingresos reales
La docente incide, asimismo, en la necesidad de que los trabajadores autónomos
coticen por ingresos reales, algo que llevan tiempo demandando las principales
organizaciones de autónomos. Enlace al artículo

 

 

”Las pensiones y las nuevas formas de
empleo de la revolución digital” de María Luz Rodríguez Fernández
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Fedea Policy Papers – 2021/03.Febrero 2021

Enlace al documento completo

 

 

En web de Amnistía Internacional
Las plataformas digitales se equivocan: no tenemos que elegir entre
flexibilidad y derechos laborales.

Por Barbora Černušáková y Marco Perolini, investigadores principales de Amnistía Internacional
sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La Repubblica  publicó una versión anterior
de este artículo de opinión el 10 de marzo de 2021.
La COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto lo absurdo de la propuesta de que poder
elegir tus horas de trabajo compense la falta de acceso al permiso remunerado por
enfermedad. A pesar de eso, muchas plataformas digitales siguen planteando la falsa elección
entre flexibilidad y derechos laborales.

El 16 de marzo, Uber anunció que sus conductores y conductoras serán tratados como
personal de la empresa, con un salario mínimo garantizado y vacaciones pagadas. Esta decisión
se tomó después de que una  sentencia  del Tribunal Supremo de Reino Unido resolviese que,
en virtud de la legislación existente, los conductores de Uber entran en la categoría de
personal de la empresa. Esto significa que deben tener derecho a un salario mínimo,
vacaciones anuales y otros derechos laborales.

El reciente compromiso de Uber es un paso positivo, pero no es suficiente. En su sentencia, el
Tribunal Supremo manifestó que “todo el tiempo que un conductor pasa trabajando bajo un
contrato con Uber London, incluido el tiempo que permanece ‘de servicio’, conectado a la
aplicación de Uber en Londres como disponible para aceptar una solicitud de viaje, es ‘tiempo
de trabajo’”. Esto significa que Uber debe garantizar el pago de un salario mínimo todo el
tiempo que los conductores están conectados a la aplicación en espera de clientes. Sin
embargo, el nuevo compromiso de Uber  define  el tiempo de trabajo como el periodo desde
que un conductor acepta una solicitud de viaje hasta que se completa dicho viaje.
Esto significa que la lucha de los trabajadores y trabajadores de la economía bajo demanda
continuará.

La sentencia del Tribunal Supremo representa una victoria histórica para los trabajadores y
trabajadores de la economía bajo demanda. Los tribunales de  Francia ,  Países
Bajos ,  España  e  Italia  han llegado a conclusiones similares respecto a los repartidores de
comida a domicilio que trabajan para otras empresas digitales como Glovo y Deliveroo: son
personal de la empresa, no trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.
El argumento esgrimido por numerosas plataformas digitales que dicen que los conductores y
repartidores son contratistas independientes socava la protección de los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras.

Aunque Uber y otras empresas digitales basadas en la tecnología son un fenómeno del siglo
XXI, la economía bajo demanda no es nueva. Lleva existiendo bajo diversas formas desde
principios del siglo XX, cuando los músicos de jazz recibían pagos parciales por cada uno de sus
conciertos. Las personas que trabajan hoy día en la economía bajo demanda suelen ser
migrantes y personas que se identifican como negras, asiáticas o pertenecientes a minorías
étnicas, o bien personas que han perdido su empleo en otros sectores.

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Trabajo forzoso: La campaña “50 for Freedom” contra el trabajo forzoso alcanza un objetivo histórico. OIT

Cincuenta países han puesto de manifiesto su compromiso con la erradicación de las
formas modernas de esclavitud al ratificar el Protocolo de la OIT sobre el trabajo
forzoso (P.29). La cantidad de ratificaciones ha alcanzado el objetivo inicial fijado en el
marco de la campaña “50 for freedom”, en virtud de la cual se insta a los gobiernos a
tomar medidas para hacer frente al trabajo forzoso. Sudán se convirtió en el
quincuagésimo país en ratificarlo.

Seguir leyendo Comunicado de prensa OIT del 17 marzo 2021

Argentina: Revista NO HAY DERECHO (1990-1995). Archivo histórico de revistas argentinas

 

A fines de 1990, No Hay Derecho apareció en la ciudad de Buenos Aires como “revista
bimestral”. Al igual que algunas de sus contemporáneas, como Babel y La Letra A,
combinaba, en la mejor tradición de las revistas culturales latinoamericanas, el origen
universitario de la mayoría de sus hacedores con una voluntad de difusión y de
intervención cultural y política por fuera del circuito académico. Desde un título
contundente, pero con un matiz zumbón (alguno de los integrantes de su staff
recordará años más tarde que, además de aludir a la frase cristalizada, el título
evocaba al de una murga uruguaya), No Hay Derecho ensayó una mirada crítica sobre
el derecho público y sus prácticas e instituciones, inscribiéndola desde el primer
número en el campo de los estudios sociales. Por eso, tanto aquellas contribuciones
que podrían haber tenido solo un altísimo nivel de tecnicismos (por ejemplo, el análisis
de fallos judiciales) como las que podrían haberse limitado a la actualización teórica
(por ejemplo, los anticipos de libros) fueron también, sin dejar de cumplir esos
cometidos, posicionamientos políticos que buscaban dialogar con un público amplio.

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